Una asignatura pendiente para la igualdad

«Primará siempre el interés del menor y se estimulará la responsabilidad compartida en su cuidado por los dos ex cónyuges». Estas declaraciones fueron formuladas por el ex ministro socialista de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, a las puertas de la aprobación de la ley que en julio de 2005 supuso la entrada en vigor del divorcio exprés. Además de acortar los plazos para la disolución del matrimonio, se reforzaba en apariencia la figura de la custodia compartida que hasta la fecha la había obtenido menos de un 5% de las parejas rotas. Cuatro años después, esa situación apenas ha cambiado y lo que sí ha generado es todo un movimiento asociativo que lucha por una fórmula donde padres y madres tengan el mismo papel en la crianza de sus hijos.

El Instituto de Estadística de Andalucía, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, acaba de publicar un estudio cuantitativo de los procesos de separación en 2008 y una de las variables que se han contabilizado es el cónyuge en quien recae la custodia. La opción compartida en Cádiz sólo la tiene el 8,7%. Aunque este porcentaje ha crecido casi el doble con respecto al año anterior, la cifra es tan poco representativa que ese aumento apenas se aprecia.

Frente a ese casi 9% de padres y madres gaditanas que comparte el cuidado de sus hijos, más del 85% de las parejas que disolvieron su unión vieron cómo las madres en exclusiva asumían ese papel, mientras los padres conveniaban un régimen de visitas para atender a su descendencia.

Informe del fiscal

Con las cifras en las manos, la ley del divorcio poco ha fomentado la responsabilidad compartida de la que hablaba López Aguilar. Es más, desde los colectivos que aglutinan a madres y padres a favor de esta opción aseguran que esa reforma legislativa ha puesto aún más trabas en la práctica para alcanzar esa medida en los convenios que regulan la situación de los menores cuando se rompe la relación de sus cónyuges, ya que el juez no tiene las manos libres para adoptar esa decisión sin acuerdo de los progenitores. La ley le obliga en esos casos a contar con el informe favorable del Ministerio Fiscal.

Antes de la citada reforma, la custodia compartida ya era una figura contemplada por el Código Civil, pero el juez la adoptaba siguiendo su propio criterio. A partir de 2005, dicha medida se acuerda cuando ambos adultos están conforme y lo solicitan. La misma norma dice que sólo «excepcionalmente» el juez podrá decantarse por la opción compartida, aunque alguno de los cónyuges se opongan, siempre y cuando tenga el beneplácito del fiscal.

Desde el colectivo Unidos por la Custodia Compartida, que aglutina a más de cuarenta asociaciones españolas, sostienen que los fiscales rara vez dan respuestas afirmativas y el no acuerdo en la ex pareja se traduce en la custodia a favor de la madre. Al menos la estadística les da la razón.

Pero desde el despacho de letrados Atela Abogados de Cádiz, con larga experiencia en demandas de divorcios y convenios reguladores, aseguran que el principal obstáculo es el económico: «En un país ideal, esta fórmula podría llevarse a la práctica. Pero la realidad es otra. Los cónyuges rara vez tienen dos casas donde el niño pueda residir en los periodos que les toque a cada uno. Ese obstáculo hace que en la mayoría de los casos, los padres ni se plantean solicitar ese tipo de custodia», comenta Javier García Marichal.

En este despacho han notado una tendencia particular en cuanto a los divorcios que se firman en Cádiz, los cuales han descendido de 2008 a 2007 por culpa de una crisis que está postergando decisiones pese a que la convivencia esté agotada. «Las parejas se separan a edades cada vez más jóvenes. Y en esta situación, las dificultades económicas son aún mayores».

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