Ilegalización definitiva

L a sentencia por la que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo desestima los recursos presentados por Batasuna y Herri Batasuna contra su ilegalización consagra el carácter democrático de la legislación de partidos en España y representa una enorme frustración para las esperanzas que la izquierda abertzale había depositado en su iniciativa. Es indudable que ésta no perseguía otro objetivo que deslegitimar el sistema de libertades en España, tratando de convencer a la Corte europea de que las sentencias de ilegalización y la ley en que se basan vulneran los artículos 10 y 11 de la Convención que fundamenta la propia existencia del Tribunal de Estrasburgo. La contundencia mostrada por éste al considerar la ilegalización judicial de Batasuna y de HB como de «imperiosa necesidad social» no sólo viene a advertir sobre la naturaleza liberticida de la izquierda abertzale que presta cobertura política al terrorismo etarra. Recalca también que corresponde al Estado constitucional atajar el riesgo que ello representa garantizando «la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades». Algo que hace extensivo a las agrupaciones de electores proscritas, al haber rechazado también los recursos de AuB y de Herritarren Zerrenda. La Corte avala así la ejecutoria de los poderes del Estado español frente a quienes hacen el juego al terrorismo en España. Pero sobre todo echa por tierra los argumentos empleados por la izquierda abertzale -también por parte de otras voces nacionalistas- tratando de convencer a la opinión pública de que ilegalizar a Batasuna era dejar fuera de la ley ideas y personas. Desde la promulgación de la Ley de Partidos y las sucesivas sentencias de ilegalización ha pasado suficiente tiempo como para que la sociedad se haya percatado de que el papel subsidiario que venían desempeñando las organizaciones de la izquierda abertzale respecto a ETA no podía continuar aprovechándose de una mezcla de cinismo e impunidad. El clamoroso silencio con el que ayer recibieron la noticia los dirigentes de la ilegalizada Batasuna permitió constatar hasta qué punto los extremistas creían que su obstinación podía recibir el plácet nada menos que del Tribunal de Derechos Humanos. Pero la sentencia es tan inapelable que pondrá a prueba a esa supuesta corriente moderadora que periódicamente se adivina en el seno de la izquierda abertzale, sin que nunca hasta ahora se haya hecho valer.