El fiscal de Medio Ambiente cree que es necesario demoler para atajar el urbanismo ilegal

El fiscal de Medio Ambiente en Cádiz cree que la intervención del derecho penal para los atentados más graves del urbanismo ilegal es "estrictamente necesaria" y ha abogado por sentencias que obliguen a la demolición porque, además de castigar al infractor, tienen una finalidad "preventiva".

En una entrevista con Efe, Núñez ha afirmado que el derecho administrativo "ha demostrado su incapacidad para solventar el problema de las construcciones ilegales". Ángel Núñez se incorporará el lunes como asesor del Ministerio de Justicia para la reforma del Código Penal, reforma que ha calificado como de "gran calado".

Ha explicado que en esta reforma se traspondrán algunas directrices europeas al derecho penal español y se incluirán nuevas figuras como la libertad vigilada o la responsabilidad penal para las personas jurídicas. En este proceso Núñez asesorará no sólo sobre delitos medioambientales, "aunque en esta materia es donde seré más útil porque puedo aportar un mayor conocimiento".

El urbanismo ilegal es uno de los delitos que Núñez considera que debería tipificarse de otra manera en el nuevo Código Penal y ha declarado que, aunque no sabe si la reforma irá en este sentido, "sería positivo porque actualmente los tipos penales complican que estos casos se lleven por la vía penal hasta las sentencias de demolición".

No obstante, Núñez asegura que estas sentencias de demolición son cada más habituales y que gracias a ellas "comienza a desaparecer la sensación de impunidad de estos infractores frente a la sociedad".

"En los casos en los que no hay demolición se permite que el infractor se quede con el beneficio de su acción, la casa, y esto en otros tipos penales es impensable ya que un ladrón nunca se podría quedar con lo robado", argumenta Núñez.

El asesor del Ministerio de Justicia aboga también por las sentencias de demolición porque "además de castigar al infractor, tienen una finalidad preventiva con respecto a terceras personas a las que se está disuadiendo de construir ilegalmente".

Núñez denuncia que los ayuntamientos no ejercen sus competencias a la hora de imponer la disciplina urbanística como debieran "bien sea por falta de medios o de voluntad política dados los costes electorales que tienen estas medidas que todavía son impopulares, o bien por corrupción".