Ayuntamientos de cadiz: morosos ma non troppo

Treinta años atrás, en 1979, con las primeras elecciones municipales, empezó a cambiar la vida cotidiana de los españoles; y de los gaditanos. Los consistorios asumieron competencias hasta entonces inexploradas, desde la cultura al fomento del empleo o luchas ciudadanas a favor del subsidio agrario, contra el narcotráfico o contra la caída del tejido industrial, agrario o pesquero. Más allá de las obras faraónicas, del clientelismo y de corruptelas o corrupciones ocasionales, aumentaron sus plantillas, pero también, como suele denunciarlo la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), cubrieron demandas que no eran de su competencia, en materia de servicios sociales, deporte y otros etcéteras. Tales circunstancias y no sólo ambiciones bastardas de los ediles ha provocado la liquidación del suelo municipal, la privatización de sus servicios o el saldo de su patrimonio. Quizá el mejor regalo de cumpleaños que puedan recibir los municipios sea una mayor autonomía en materia de financiación, que les permita superar una deuda que no sólo les impide pagar a proveedores o a bancos, sino que hace peligrar sus propias nóminas.

El Congreso acaba de aprobar una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que pymes y autónomos reciban créditos al objeto de afrontar las deudas pendientes con estos malos pagadores. El Gobierno tampoco se fía de todos los consistorios, sobre todo de los especialistas en pufos, y el plan de obras que empieza a ponerse en marcha quizá persiga algo más que aliviar el paro de la construcción: tal vez sea un termómetro para averiguar la solvencia gestora de cada alcaldía.

Coincidiendo con esta efeméride municipalista, es la primera vez que el ministerio de Economía publica los datos de la deuda viva, correspondientes a 2008. La mayor de la provincia, como ya ha trascendido, concierne al Ayuntamiento de Cádiz, con 91,7 millones que suponen casi la mitad de sus presupuestos de 200 millones de euros, fuera aparte del crédito necesario para finiquitar las obras del Carranza, supuestamente gratis total en la publicidad engañosa del consistorio: 721,54 euros por gadita si se estableciera tal proporción. Por delante de Cádiz, en la lista de números rojos, figuran otras cinco capitales andaluzas: Málaga, con 618.600 millones; Sevilla, con 421.643 millones; Córdoba, con una deuda de 244.837 millones y Huelva, con 99.561 millones. Después de Cádiz, figurarían los consistorios de Jaén, con una deuda de 87.189 millones y Almería, con 68.916 millones.

Otro Ayuntamiento moroso es el de Jerez de la Frontera, cuyas dimensiones y servicios tienen rango de capital aunque no lo sea de hecho. Su casa consistorial también se encuentra endeudada hasta las trancas y figura en el segundo lugar del ranking gaditano con 89,6 millones. Pero, en función del censo, cada jerezano debería 436,47 euros, una cifra inferior al promedio andaluz (473) y estatal (566).

Les siguen Algeciras, con 73,6 y El Puerto, con 73,1, en este último caso un déficit sin duda desproporcionado respecto a su término y que supondría 847 euros por vecino. En proporción al número de habitantes el Ayuntamiento más endeudado sería el de San Roque con 28,7 millones de euros, a razón de 1.093 por cabeza. Claro que cada maestrillo tiene su librillo y mientras Blas Fernández, concejal de Hacienda en Cádiz, se felicita porque San Juan de Dios tenga aún margen para el endeudamiento, Juan Carlos Juárez, alcalde de La Línea, se jacta de que su consistorio aparezca en penúltimo lugar entre los deudores de más de 50.000 habitantes de esta provincia. Claro que sus detractores insisten en que ha saldado el patrimonio municipal.

Al menos, Benaocaz, Castellar y el Gastor no deben un solo euro al cierre del último ejercicio; o Conil, Medina o Tarifa, andan por debajo de 100 euros a pesar de sus ocasionales dificultades. A otra escala, la diputación de Cádiz, con 174,6 millones al cierre de 2008, encabeza el hit-parade del pasivo de sus otras hermanas andaluzas. Una bicoca si se tiene en cuenta que las trampas de la Diputación Foral de Vizcaya se sitúan en 578 millones de euros. Vamos, que la cosa está chunga pero afuera parece peor.