Subida ineludible
El anuncio por parte del presidente Rodríguez Zapatero de que la subida de la tarifa eléctrica se acercará más al incremento del IPC que al 11% calculado por la CNE indica que el Gobierno está más preocupado por los efectos de la carestía de la vida en los hogares españoles que por la superación del déficit tarifario que arrastra el sector eléctrico. Además, a tenor de las críticas expresadas ayer mismo por el portavoz popular en materia económica, Cristóbal Montoro, contra las intenciones del Gobierno parece evidente que la inquietud por los efectos sociales del incremento en el precio de la luz es aun más palpable en el primer partido de la oposición. Montoro lleva razón al señalar que el aumento anunciado en torno al 5% se sumaría al ya aplicado a comienzos de año, por lo que el incremento final se situaría siempre por encima del IPC.
Actualizado: GuardarPero aun siendo exigible que el Gobierno exprese sus intenciones de manera diáfana y sin ocultar el verdadero alcance de la medida que adopte, y que probablemente concrete el ministro Sebastián en su comparecencia parlamentaria del próximo miércoles, es necesario que los dos principales partidos, así como el resto de las fuerzas representadas en las Cortes, afronten el tema más allá del corto plazo condicionado por el impacto que la desaceleración está teniendo sobre las economía familiares y sobre la difícil coyuntura que atraviesan muchas pequeñas empresas. El paulatino incremento de la factura de la luz ha de moderarse a causa de los problemas que está suscitando el momento económico. Pero sería una temeridad que la evidente impopularidad que conlleva la más mínima subida de la citada factura condujera el Ejecutivo a posponer de nuevo el necesario equilibrio que ha de alcanzarse entre los costes de la luz y el precio que los usuarios abonan por ella.
La aplicación de una «tarifa social» para adecuar ese precio a las circunstancias de los consumidores con menor poder adquisitivo, el logro de un consumo más eficiente por parte de las empresas y la imputación de una parte de los costes al esfuerzo colectivo reflejado en los Presupuestos Generales del Estado permitirían un cálculo socialmente más responsable de la tarifa eléctrica. Pero mientras tanto la ciudadanía ha de entender que su gasto de electricidad cuesta, en generación y distribución, más de lo que paga por él.
