La trama de la 'operación Karlos' buscaba favores de Pacheco al tramitar la invalidez a su secretaria

La instrucción de la operación Karlos, cuyo contenido fue avanzado ayer por este periódico, pone al descubierto buena parte de los entresijos de la trama dedicada a la consecución de prestaciones de la Seguridad Social por invalidez permanente de forma fraudulenta, falsificando para ello los informes médicos y documentos necesarios. Detalla que se trataba de una organización que había extendido sus tentáculos por prácticamente todos los estamentos precisos para conseguir su objetivo, desde inspectores hasta médicos, pasando por intermediarios que se dedicaban a buscar a los clientes.

Y confirma que las cantidades cobradas a quienes querían obtener las pensiones correspondientes a través de este método variaban en función de sus posibilidades económicas. Así, las gestiones para obtener irregularmente una prestación del Instituto Nacional de la Seguridad Social podían llegar a costar hasta 24.000 euros, según consta en el propio procesamiento redactado por el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz, Jorge Bartolomé Moriano, que da por cerradas las diligencias previas con el mismo.

Ganar crédito

Sólo hubo una excepción en la que no se cobró nada al cliente. Fue en el caso de María de la Paz Cañero, por aquel entonces secretaria de Pedro Pacheco. Habría encargado la tramitación fraudulenta de una ayuda por minusvalía para su madre. La instrucción asegura que el presunto cerebro de la trama, Carlos Carretero, mostró especial interés en que esta gestión obtuviese un resultado satisfactorio, «porque piensan que de esta forma pueden ganar crédito e influencia» ante el ex alcalde y ex delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez. El documento llega a afirmar, incluso, que querían quedar bien ante él «para ampliar su ámbito de influencia y (lograr) nuevas posibilidades de actividad».

Se detalla también el contenido de una supuesta conversación telefónica que mantuvo Carretero con uno de sus colaboradores, en la que se pone de manifiesto que están preocupados por el hecho de que la madre de María de la Paz no tenga nada y que es para ellos muy importante que la gestión salga bien. Un extracto de dicha charla, con frases del mismo Carlos Carretero, evidencia además la forma que tenían de actuar: «Si tiene algo se agrava; que no tiene nada, se inventa y ya está.... Si no tiene nada, nosotros inventamos una cosa, es lo mejor».

«Ha pasado por el arete»

Llamativo resulta también el caso de Catalina Rincón, quien habría pagado 11.000 euros para la gestión de su incapacidad permanente. Carretero, ex jefe de la Policía Local de Ubrique y considerado uno de los cerebros de la trama junto al inspector médico Francisco Casto, le dice que no tiene que preocuparse de nada, que «sólo tiene que darle una fotocopia del carné de identidad».

Y en una conversación mantenida el 19 de diciembre de 2005, según la instrucción, Carretero le dice a Casto lo siguiente: «La Rincón ya ha pasado por el arete... Ya le han dado la (invalidez) total, y fuera, a tomar por culo». A lo que Casto contesta: «Perfecto, lo que estábamos previsto (sic) y ya está».

Otro policía

Tal como avanzó en su edición de ayer LA VOZ, la diligencia judicial ha quedado cerrada con un total de 34 procesados, entre los que se encuentran los mencionados Carlos Carretero, Francisco Casto y María de la Paz Cañero, así como María José Campanario, conocida por ser la esposa del matador de toros Jesulín de Ubrique. También señala, además de a profesionales médicos y otros colaboradores que «participaban en tareas auxiliares como la captación de posibles beneficiarios», al que fuera jefe de la Policía Local de Prado del Rey. El equipo de Valoración del Instituto Nacional de la Seguridad Social llegó a concederle la incapacidad permanente el 20 de junio de 2005.

Una reclamación del propio afectado, la incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo, aunque posteriormente se ordenó la revisión de su situación. Y así fue como el Instituto de Medicina Legal de Cádiz detectó en él «una extremada tendencia a la simulación de la enfermedad», apreciando además «muchas contradicciones entre lo que se detecta por observación y lo que manifiesta verbalmente el propio evaluado».

Otra de las curiosidades que se recogen en el documento es la diversidad de razones esgrimidas por los implicados a la hora de solicitar la obtención de una invalidez. En el caso de María del Rocío Morales, por ejemplo, se da la circunstancia de que por aquel entonces ejercía la profesión de maestra, trabajando como interina para la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Aproximadamente en junio de 2005, le fue comunicado que había obtenido plaza en la localidad de Almería, algo que le contrarió en demasía. Argumentando que «dada su situación actual, no podía trasladarse a Almería», acudió a otro de los procesados, José Luis López, con el fin de que trasladara el problema en cuestión a Carretero.

Éste le facilitó un domicilio en Cádiz, el de su hermana Ana María, algo necesario para obtener la incapacidad permanente a la que aspiraba y que finalmente obtuvo, a través de las bajas emitidas por el también imputado Harold Escalante y el estudio y posterior informe del otro cerebro de la trama, Francisco Casto. Paralelamente a este proceso, Morales fue sorprendida trabajando en una empresa de seguros, a pesar de encontrarse de baja laboral.

Manuel Sánchez, un camarero de Ubrique, decidió contactar con Carretero para que le tramitara una pensión de incapacidad total permanente. Después de salvar una serie de escollos, esta persona se hizo con dicha prestación tras la aprobación de la dirección provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Unos quince días después, su interlocutor trasladó a Casto la preocupación del camarero, por el hecho de que «le ha quedado una paga de 70.000 pesetas nada más, con un 55%». Una situación que decidieron arreglar y emprendieron los trámites para que la incapacidad reconocida alcanzase el 75%.