Una votación con urnas y papeletas, pero sin censo y gestionada por voluntarios

El plan alternativo de Artur Mas recibió ayer calificativos de todo tipo: simulacro, sucedáneo, «gigaencuesta», «referéndum de costillada», esperpento... pero, al margen de la definición, lo que el presidente de la Generalitat propone es un «proceso de participación ciudadana» que podría tomar como base el artículo 9.2 de la Constitución, el 43 y el 122 del Estatuto catalán e, incluso, una de las partes del título tercero de la ley de consultas que el Tribunal Constitucional no ha suspendido. Mas no quiso dar demasiadas pistas para «no facilitarle el trabajo al Gobierno», que pretende también impugnar la consulta alternativa.

La original estaba convocada por un decreto que se amparaba en la ley de consultas y que detallaba todos los aspectos de su desarrollo y establecía una serie de controles y garantías concrestas. En cambio, en la nueva el paraguas legal es algo tan inconcreto como los «marcos legales preexistentes», según Mas. Los críticos, además, destacan que en el referéndum suspendido por el Constitucional se iban a instalar unos 4.000 colegios electorales cuando ahora no habrá más de 600, ni siquiera uno por pueblo.

En principio, el jefe del Ejecutivo autonómico no piensa firmar ningún decreto para poner en marcha la segunda votación, que en esencia podría ser un híbrido entre la consulta independentista de Arenys de Munt y una recogida de firmas. La votación la impulsará la Generalitat y por tanto tendrá carácter oficial. La administración catalana facilitará «cientos» de locales que harán las veces de colegios electorales y para las mesas solicitará la colaboración de 20.000 voluntarios, que sustituirán a funcionarios y otros trabajadores públicos, que si participasen en el proceso corrían el riesgo de ser inhabilitados. Los Mossos, en cualquier caso, formarán parte del «dispositivo necesario» para el 9-N, según afirmó el consejero de la Presidencia, Francesc Homs.

No habrá censo ni registros previos como en la consulta suspendida. Él que quiere participar, siempre y cuando sea mayor de 16 años, deberá acudir al colegio con el DNI para inscribirse 'in situ', justo antes de depositar la papeleta en la urna.

De esta manera, Mas evita una de sus mayores preocupaciones. Como era que con el formato anterior, que conformaba el censo a partir de los datos del registro de población, miles de ciudadanos contrarios al proceso pudieran denunciar a la Generalitat por violar la ley de protección de datos. «Eso sería un ridículo internacional terrible que no estoy dispuesto a asumir», dijo. La papeleta sí que incluirá la doble pregunta prevista para el referéndum inicial: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado? Y, en caso afirmativo, ¿quiere que sea un Estado independiente?». El presidente de la Generalitat confirmó que habrá un consejo general de participación, que será el encargado de supervisar que se cumplen las garantías democráticas propias de una votación -como que alguien no vote dos veces-, y que el recuento se hará oficial el 10 de noviembre mediante un sistema informático.

Solo los convencidos

Una de las principales pegas de esta fórmula de participación ciudadana es que solo acostumbran a votar los que están a favor. Es lo que ocurrió en Arenys de Munt, la consulta popular que en 2009 encendió la chispa del independentismo en Cataluña. En aquella votación hubo una participación del 41%, que apoyaron la secesión con un porcentaje del 96%. Los del 'no' apenas acudieron a votar. Mas, en cualquier caso, trató ayer de marcar distancias con la consulta de la localidad del Maresme. La principal diferencia, dijo, es que la nueva consulta del 9-N la promueve el Gobierno catalán mientras que la de Arenys la impulsaba una entidad privada.

Después de Arenys, unos 500 municipios (sobre un total de 947) celebraron iniciativas similares con resultados muy parecidos. La última votación se hizo en 2011en Barcelona capital, donde se registró un 21% de participación y un 90% de síes a favor de la secesión.