Un 'zeta' camino de la muerte

Tiene miedo. Mucho miedo. Está completamente aterrado. En una de sus manos temblorosas empuña una ajada Biblia, como si fuera lo único que pudiera protegerlo. Diego Pérez, de 43 años, vecino de Cartagena, no está bien de la cabeza. Padece esquizofrenia y cuando no se toma la medicación, que ocurre a menudo, se descontrola. Los nervios se apoderan de su cuerpo escaso y se pone paranoico. Esta noche, con razón o sin ella, está convencido de que van a matarle. Toma el móvil y marca el 091, el teléfono de sus amigos los policías. Porque él es amigo de todo el mundo. Y especialmente de los policías, que lo saludan cuando se cruza con ellos.

Diego, residente en el barrio de Las Seiscientas, siente un leve alivio. Ya vienen los policías. Sus amigos. Ellos, cree, lo sacarán del apuro.

A las 4.31 horas de esa misma madrugada, la del 11 de marzo, Diego vuelve a marcar el 091. Sus amigos los policías se han dado una vuelta horas antes, como le habían prometido, pero quienes pretenden matarlo se habían ocultado y ahora han vuelto a la carga. El agente de Sala vuelve a tomar nota del requerimiento y efectúa una llamada interna al 'Zeta 54', en el que viajan los agentes Gregorio Javier G.M. y José Carlos M. L. Los mismos que han atendido el primer servicio.

La puerta de la casa está abierta y ni rastro de Diego. Son las seis de la mañana cuando Sara sale de su casa. Observa que la puerta de su vecino de rellano está abierta de par en par y la luz encendida. Extrañada, vuelve sobre sus pasos y avisa a su marido, que se asoma por la puerta y llama a Diego por su nombre, sin resultado. Toma el teléfono y marca el número de Manuel: «Oye -le informa-, que la casa de tu hermano está abierta y no sabemos por dónde anda».

El interpelado comprende en ese mismo instante que algo ha ocurrido. Diego nunca ha hecho algo así. Para su desgracia, está en lo cierto. El pequeño de sus hermanos ha desaparecido sin dejar rastro. Horas más tarde pone una denuncia y la Policía empieza a rastrear el municipio. Aparecerá dos semanas más tarde. Flotando en el mar. Con el cuerpo apaleado y el cuello roto.

La investigación se centra en el vecino de las bicis. La tarde antes a su desaparición «inquietante», como con buen tino la calificó la Policía, Diego tuvo un enganche con uno de sus vecinos. Los investigadores comprueban que un tal Alberto le había pedido explicaciones por el robo de dos bicicletas. Pero después de infinitas gestiones y de decenas de interrogatorios, los policías judiciales llegan a la conclusión de que no existe enemistad suficiente contra Diego, ni por parte de Alberto ni de nadie, que pueda explicar su muerte.

Entre quienes tienen que prestar declaración están los dos integrantes del 'Zeta 54' que acudieron a la segunda llamada de auxilio. Afirman que acudieron ellos solos al lugar, que no vieron nada extraño y que Diego se quedó en su casa.

Un día, un amigo de un amigo le cuenta a un policía que le han soplado que mejor harían los maderos mirando en su propia casa. Que hay alguien que lo vio todo y que va contando que al desgraciado se lo llevaron esa noche en un patrulla. Que, como es bien sabido, desde entonces reside en un trozo de paraíso que le prestó San Pedro.

El relato deja 'ojiplático' al secreta. No tiene que alzar la nariz al viento para que su olfato de sabueso le anuncie que ahí hay mierda. A paletadas. El payo, o la paya, lo que sea, es una mina. Un portento con memoria de elefante. Relata que eran en torno a las 4.25 horas del 11 de marzo cuando vio tres 'zetas' plantados frente al edificio donde vivía Diego. Dos de color azul oscuro y uno blanco, de los antiguos. Citroën Picasso. Cinco agentes fuera de los vehículos y uno dentro. Y ante ellos un pobre diablo de aspecto asustado. Era Diego.

El testigo y Asuntos Internos

«Sube al coche», ordena uno de ellos desde el 'zeta' blanco tras darle un bofetón. Y Diego, sin coraje para negarse, sube a uno de los azules, sin saber muy bien para qué, ni por qué, ni -lo que es peor- hacia dónde lo conducen. «¿Lo llevamos a comisaría?», vuelve a intervenir el del coche blanco. «No, lo llevamos a la guarida», zanja el del bofetón, que lleva la voz cantante. José Luis, parece que se llama.

No resulta difícil constatar que el testigo B-83 lo ha clavado. Los policías judiciales trazan una ruta imaginaria por la que los 'zetas' habrían llegado hasta Cala Cortina y localizan cuatro cámaras de seguridad. Desfilan entre las 0.48 horas y las 5.00 horas las tres dotaciones policiales a las que el testigo se refirió.

Las preguntas se apelotonan en los cerebros de los investigadores y no hay respuestas. Habían llegado a la convicción de que los seis agentes de la escala básica -jóvenes, deportistas, impulsivos, cartageneros de nacimiento, con mujer e hijos en su mayoría, con expedientes limpios de cualquier reproche...- habían actuado como nunca debiera haberlo hecho un agente de la autoridad. Un defensor de la ley y el orden. Un servidor público. ¿Pero eran además unos homicidas? ¿Habían sido capaces de matar a golpes a ese desgraciado? ¿De retorcerle el cuello con sus manos, como asegura el forense que había ocurrido?

Había llegado el momento de dar un salto cualitativo. De poner el asunto en conocimiento de Asuntos Internos. Algo que equivale a invocar al dios de las tormentas. Su primera decisión es instalar micrófonos en los vehículos que utilizan las tres dotaciones sospechosas. La juez lo autoriza el 11 de junio y los tres 'zetas' empiezan a recorrer la ciudad con el 'bicho' dentro. También se da luz verde a la intervención de sus llamadas telefónicas y de sus mensajes SMS.

Con solo sumar dos y dos, los agentes investigados tuvieron que ser conscientes de que estaban en el punto de mira en el preciso momento, ocurrido en el turno de la madrugada del 22 de agosto, en que unos compañeros realizaron un hallazgo tan casual como sorprendente: un micrófono y un localizador GPS instalados en el falso techo de uno de los radiopatrullas. Los policías de servicio no tardan en encontrar otros dos dispositivos idénticos en sendos coches. Tres aparatos de escucha para tres 'zetas', precisamente aquéllos que se habían dado cita en Cala Cortina el 11 de marzo.

La investigación ya ha dado de sí todo cuanto podía dar. Solo queda echarle el cierre y ponerle un lacito. A primera hora del lunes, 6 de octubre, los seis agentes de la escala básica, integrantes de los radiopatrullas 'Zeta 54', 'Zeta 56' y 'Zeta 57' son arrestados por sus propios compañeros como sospechosos de delitos de homicidio/asesinato, detención ilegal y, en tres de los casos, de tenencia ilícita de armas.

Todos ellos admiten haberse comportado irregularmente, haber actuado como nunca lo hubiera hecho un buen policía, pero niegan haber matado a Diego. Sostienen que salió corriendo aquella noche y que no volvieron a verlo. Y que luego callaron por miedo.

La titular del Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena, María Antonia Martínez Noguera, ordena el pasado miércoles su ingreso en prisión. Enumera hasta 11 indicios que les señalan como presuntos autores de la muerte de Diego Pérez.