Bouza advierte de que irá a la Fiscalía si no se da ocupación a la plantilla

Mientras el comité de empresa reunía a los trabajadores en asamblea para explicarles la decisión de la compañía, el servidor central que alimenta a toda la fábrica era desconectado. Probablemente lo hicieron desde alguna central de Estados Unidos. Desde la mañana de ayer los trabajadores completan su jornada laboral en las instalaciones sin poder hacer nada mientras aún quedan tareas pendientes.

Los sindicatos y los trabajadores alertaron ayer de esta situación a la prensa y al propio delegado de Empleo, Juan Bouza, que ante la sospecha de un corte definitivo, llamó a la Inspección de Trabajo para comunicarles cuál era el asunto. Esta mañana han pasado por la planta del Polígono Tecnobahía y han podido comprobar que efectivamente la producción se ha interrumpido, lo que resulta «totalmente irregular en base a nuestra legislación».

El máximo responsable laboral en la provincia advirtió a Visteon que el próximo martes los inspectores volverán a pasar por la planta para ver si se ha remontado la actividad. Según explicó Bouza, una empresa no puede impedir la ocupación a sus trabajadores cuando aún no se ha aprobado el cierre. De hecho, ni siquiera se ha realizado una comunicación oficial ni se conoce la vía que se seguirá, bien por ERE extintivo o directamente en el juzgado.

«Hasta que cese no se haga efectivo por una vía legal, la empresa tiene obligación de dar ocupación a todos sus trabajadores por ley», avanzó. En base a los plazos que reconoce la normativa laboral, la compañía tiene hasta el martes para subsanarlo y permitir que la plantilla siga desarrollando su trabajo. En el caso de que no sea así, el delegado puede hacer un requerimiento a la empresa en un plazo de 24 horas para que vuelva a conectar el servidor y si eso no ocurre, entonces no dudará en recurrir a la Fiscalía. En este punto se mostró contundente, especialmente de cara a la etapa de debate que se abrirá en los próximos días.

Ya el lunes está prevista una reunión con el comité de empresa para tratar la situación. Hasta ahora no ha habido una nueva comunicación de la compañía y la plantilla espera que se aporte la documentación necesaria en la que se justifica el cierre.

Ayer era el delegado del Gobierno de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, quien arremetió contra la manera de proceder de la multinacional norteamericana. Llegó a considerar «indignante» la forma en la que ha sido comunicado por parte de la empresa a los trabajadores de la fábrica y el trato dado a unos profesionales que llevan 20 años trabajando en la misma.

Además dejó claro que la Junta está con los trabajadores y que apoya la unidad política y de todas las fuerzas sociales y económicas de la Bahía para estar al lado de los 396 afectados, ya que considera necesario el esfuerzo de todos.