«Mi vivienda era la solución para mis dos hijas discapacitadas»

Javier pasó 15 días sin dormir. El tiempo que tardó en dictar sentencia el tribunal que juzgaba la situación de su vivienda, construida en Los Naranjos-Pinar de Coig. Una finca 'proindiviso' con unos 189 propietarios a los que la Junta de Andalucía autorizó la electrificación en 1996. Javier, que vivía con su mujer en casa de su suegro, compró una parcela con la idea de que sus dos hijas mellizas, con más del 90% de minusvalía, gozaran de más calidad de vida en un espacio abierto y sin barreras arquitectónicas en el que pudieran moverse con libertad. «Era la solución para ellas y para nosotros». Poco a poco, con la ayuda de sus familiares, construyó su hogar y en el 2003 comenzaron a disfrutarlo. Pero las malas noticias no tardaron en llegaron. Corría el año 2005 y la denuncia de Ecologistas en Acción, que consideró esta finca como parte del parque público colindante Pinar de Coig, obligó al Ayuntamiento a enviar los expedientes a la Fiscalía.

Javier no durmió en aquellos quince largos días porque el procedimiento por lo penal podría provocar el ingreso en prisión de su mujer, al encontrarse la casa a nombre de esta. «Me obsesionaba la idea de que tuviera un accidente con el coche y que las penas se unieran. Entonces tendría que ir a la cárcel». Pero la sentencia fue favorable y el juez dictaminó que su casa, al igual que la treintena que habían entrado en el procedimiento es «inatacable». «Porque el representante del Ayuntamiento declaró que ese suelo no era protegido». Pero lo cierto es que en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que está pendiente de su aprobación definitiva por parte de la Junta de Andalucía, su terreno figura como suelo rústico. Y según Javier, el Ayuntamiento quiere incorporar esos 45.000 metros cuadrados al parque público, para lo cual ha de realizar una permuta con los propietarios. «¿Pero qué me van a dar? ¿Un trozo de suelo como el mío? ¿O con una casa?». Asegura que el delegado provincial de Obras Públicas, Pablo Lorenzo le dijo en una reunión a la edil de Urbanismo, Patricia Ybarra, que incluyera ese trozo de suelo como urbanizable en el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz, que se encuentra en revisión. «Pero no hay voluntad política. Quieren que esté como rústico por miedo a que la Junta les eche para atrás en PGOU». Su mejor seguro de vida, es la sentencia judicial. «Pero con nosotros se han cebado».