Dueños de casas ilegales declaran que pagaron en B para regularizarlas

¿Qué diferencia hay entre las decenas de causas que hay abiertas en distintos juzgados de El Puerto por supuestas irregularidades urbanísticas y las diligencias 379/09 (pieza separada nº1)? El presunto enriquecimiento personal de los implicados mediante la legalización de viviendas ubicadas en suelos donde ese tipo de edificaciones están prohibidas. Las pesquisas que siguen en curso en el juzgado nº 3 de El Puerto pretenden establecer una relación entre el patrimonio atesorado por el ex edil de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, y el actual jefe de licencias del Consistorio, Fernando Jiménez Fornell, y sus respectivas parejas, con las miles de construcciones ilegales que surgieron en el municipio durante la etapa de Gobierno de Independientes Portuenses (IP).

Fuentes de la investigación confirmaron a este medio que una de las pruebas que tiene encima de su mesa el juez instructor Miguel Ángel López Marchena es la declaración de varios propietarios de viviendas ilegales que han reconocido haber pagado en B por obtener la regularización de sus inmuebles. Esos testimonios señalan a la arquitecta Milagros Trigo como receptora de unas cantidades de las que nunca obtuvieron una factura. Esos dueños, algunos de los cuales tienen procedimientos abiertos por delitos contra la ordenación del territorio, habrían recurrido al despacho de arquitectura TEC para la elaboración de unos proyectos de obra que violaban el planeamiento vigente. Sin embargo, a cambio de dinero obtenían supuestamente las garantías de que conseguirían la perceptiva licencia municipal.

La citada empresa está dirigida por Milagros Trigo, quien también tiene plaza de funcionaria en el área de Urbanismo. Su socia en ese negocio es la otra arquitecta detenida en la operación, Isabel Ruiz. La pareja de Milagros, Fernando Jiménez Fornell, era el responsable presuntamente de dar el visto bueno a los proyectos. Según la denuncia original de Ecologistas en Acción, que posteriormente ha sido despiezada en procedimientos diferentes, muchas viviendas ilegales del municipio se regularizaron mediante silencio administrativo. Los expedientes sancionadores que debían culminar con la demolición de las edificaciones no se tramitaban hasta que la sanción urbanística prescribía. Aquí residiría la supuesta omisión del deber de perseguir delitos del ex concejal Juan Carlos Rodríguez; o lo que sería su supuesta implicación en este negocio paralelo.

Ya la Guardia Civil investigó en el marco de la 'operación Tequila' la supuesta trama delictiva para la concesión de licencias irregulares en donde los cuatro detenidos aparecen en la lista de imputados. La Benemérita situó en el centro de sus pesquisas el despacho de arquitectura al comprobar que cualquier proyecto que llegaba al Consistorio con la firma de TEC era tramitado sin problemas. Ahora en este procedimiento nuevo se ha querido dar un paso más y la Policía ha indagado en el patrimonio de los implicados para tratar de demostrar que las irregularidades urbanísticas, a la vista de todos, se toleraron en el municipio por dinero.

Algunos de esos dueños de viviendas ya han declarado como testigos en la causa y sus relatos pesaron para que la Fiscalía ordenara el ingreso en prisión, sin posibilidad de fianza, para los dos funcionarios. Finalmente el juez optó por fijar la misma cantidad (30.000 euros) para todos los detenidos, a excepción de Isabel Ruiz, que eludió la cárcel por 3.000 euros.

Más de una veintena de personas han pasado ya por el despacho del juez instructor desde el pasado jueves. No solo han sido interrogados supuestos clientes de TEC, también lo han hecho responsables de ventas de concesionarios donde el ex edil adquirió vehículos al contado como un todoterreno.