¿Un soplo que vale millones?

Cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos, actividad prohibida a funcionarios... ¿pero qué hay realmente tras las imputaciones que la justicia hace al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll? La Fiscalía Anticorrupción sospecha que hay un 'chivatazo', un presunto soplo para dar información privilegiada a empresarios amigos de cuál iba a ser la nueva ubicación de un polémico vertedero, justo en el límite con Murcia.

Quizás, afirma la Fiscalía, un concurso amañado desde el principio para hacerse con la adjudicación de una planta de tratamiento de residuos. Veinte años de negocio de reciclaje de las basuras de 27 pueblos. Una adjudicación que podría suponer unos beneficios cercanos a los 400 millones de euros en dos décadas y una inversión inicial de 99 millones. Y, de paso, un 'pelotazo' urbanístico del tamaño de 120 estadios de fútbol.

¿Y del cohecho? Los investigadores no quieren decir palabra de cuánto dinero pudo moverse en esas operaciones para doblegar voluntades que no huelen nada bien. Quedan por analizar centenares de documentos que apestan, afirman los investigadores.

Anticorrupción, en concreto el fiscal Felipe Briones, y la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal llevan desde 2007 detrás de la pista de Ripoll y de los dos principales empresarios envueltos en esta investigación, Enrique Ortiz -ya imputado en la trama 'Gürtel' por financiar de forma irregular al PP valenciano- y Ángel Fenoll. Este último fue encarcelado en el verano de 2007 después de que él mismo denunciara una trama corrupta en la recogida de basuras de Orihuela al verse perjudicado en las adjudicaciones. Básicamente, explican, con sus grabaciones se 'autoimputó' sin quererlo y de paso puso en marcha el ventilador de esparcir inmundicia. Así puso sobre aviso a la Policía de lo que se cocía en el pringoso mundo de los residuos del sur de Alicante.

Pero el grueso de la operación 'Brugal' -acrónimo de Basuras Rurales Gestión Alicante, nada que ver con el ron dominicano- comenzó a tomar cuerpo el 3 de enero de 2008. El Consorcio del Plan Zonal de Residuos Zona XVII, que presidía Ripoll como máximo dirigente de la Diputación, aprobó por unanimidad la adjudicación a la UTE Cespa-Ortiz la gestión de los residuos de los 27 municipios de la Vega Baja del Segura. En aquel concurso, que al principio tuvo el respaldo del resto de partidos, participaron otras empresas, incluida una de Fenoll, pero la adjudicación terminó en manos de Ortiz. Tuvo mayor puntuación en baremo precisamente la única firma que no pudo acreditar tener suelo en la pedanía de Torremendo, en Orihuela, el lugar donde se iba a ubicar el vertedero que, según el acuerdo primigenio, debía ir en la finca 'Lo Cartagena'.

Desde el principio fue evidente que el proyecto, excesivamente cercano al núcleo urbano, iba a ser contestado con fiereza por los vecinos, como así sucedió. Y fue entonces cuando el 30 de julio de 2008 el Boletín Oficial de la Provincia anunció el cambio ubicación de la planta. El Consorcio 'vendió' la mudanza como un detalle hacia los vecinos oriolanos. La nueva planta se iba a ubicar en el paraje conocido como 'La Pistola', esta vez a escasos dos kilómetros de los pueblos murcianos de Zeneta y Beniel, que también se movilizaron y mucho. Pero esta vez Ripoll dijo que no movía un milímetro la ubicación del vertedero, a pesar de que los técnicos en principio lo habían desaconsejado vivamente.

Tres fincas

¿Y quién era el afortunado que tenía terreno allí? Fenoll. El empresario a quien el juez fijó ayer una fianza de 300.000 para evitar volver a la cárcel, compró entre abril y mayo de 2007, sólo unos días antes de ser detenido por primera vez, tres fincas con cerca de 60 hectáreas. La transacción la realizó a través de su empresa Proambiente, en unión con Sufi (otra mercantil investigada en 'Gürtel'). Eran los mismos 600.000 metros cuadrados que había ofrecido en el concurso que no ganó y que curiosamente la Diputación alicantina paralizó sin demasiadas explicaciones cuando Fenoll entró en la cárcel en 2007.

Aparentemente no había razón lógica para que Fenoll hubiera comprado un terreno sin utilidad en Orihuela cuando nadie podría saber dónde iba a terminar la planta. Lo cierto es que Ortiz terminó por comprar terrenos en esa zona, otras 60 hectáreas y Fenoll, por una carambola de esas de la vida, acabó por dar utilidad a unos terrenos de los que poco provecho sacaría de otra manera. ¿Tuvo información privilegiada o le tocó la lotería? Anticorrupción «no cree en la fortuna, ni siquiera en el pulpo 'Paul'», aseguraban ayer mandos del caso.