Parches legales que no contentan a nadie

La picaresca de nuestro país a la hora de escaquearse de pagar por algo es proverbial, pero el caso español tiene particularidades que no lo hacen comparable a otros países europeos o a Estados Unidos. La primera de ellas es el derecho a la copia privada, reconocido en nuestro marco legal. Este precepto está intimamente unido al concepto de compensación por copia privada, materializado en el canon que cobran las entidades de gestión de derechos de autor. La forma más sencilla de ilegalizar las descargas sería eliminar ese derecho, pero ello no es posible ni equitativo sin eliminar también el canon que las compensa, y ya hay demasiadas empresas y particulares que viven de él como para hacerlo por las buenas. Sin atreverse a dar este paso, los sucesivos Gobiernos llevan años atrapados en un laberinto, dando palos de ciego y aplicando parches que no contentan ni a la industria cultural, ni a la tecnológica ni a los ciudadanos.

Atrapados en el doble filo de la copia privada, los productos tecnológicos ven su precio incrementado por impuestos en un país donde la música, el cine y los dispositivos ya son más caros que, por ejemplo, en Estados Unidos y Reino Unido. Un país donde, además, el poder adquisitivo medio de los ciudadanos es sensiblemente menor.