La UE no ceja en su petición de «nuevas medidas» a España

Será la segunda vez en apenas tres semanas que la UE le ‘lea la cartilla’ a España, aunque esta vez le haya concedido un aprobado... pero todavía con una nota baja. Los ministros de Economía de los Veintiocho, que se reunirán este viernes para analizar las propuestas que hizo el pasado día 2 la Comisión Europea (CE) en su análisis de la situación económica en el viejo continente, tienen previsto dar su respaldo al informe de recomendaciones elaborado desde Bruselas. Y antes de que termine el mes (los próximos días 26 y 27), serán los jefes de gobierno de la Unión los que hagan suyas esas solicitudes, si bien de cara al conjunto de socios comunitarios y no sólo para el caso español.

Así, según fuentes comunitarias, insistirán en algunas de las peticiones ya hechas a España. Entre ellas, una rebaja en las cotizaciones sociales de las empresas, que habría de ser compensada con una nueva subida del IVA y la creación de nuevos tributos medioambientales. Estas propuestas también se incluían en el informe que la llamada comisión Lagares entregó en marzo al Gobierno de cara a la reforma fiscal que precisamente será aprobada este viernes por el Consejo de Ministros.

El Ejecutivo y la UE coinciden en que la reforma fiscal debe ser «completa» y «simplificar el sistema impositivo», amén de «contribuir más al crecimiento y la creación de empleo». Así, por ejemplo, mientras los Veintiocho volverán a aconsejar a España elevar los impuestos que pesan sobre los bienes inmuebles, Hacienda sólo parece contemplar dar luz verde a una nueva subida del IBI.

En el caso de la segunda reforma laboral que también querrían desde Bruselas, el Gobierno ha dicho hasta ahora que trabaja en cambios «puntuales» en la medida que lo esencial ya fue aprobado en la normativa de 2012. A la CE_le gustaría un nuevo abaratamiento del despido, aunque en el Ministerio de Empleo –al que también se le pide «más eficacia» en las políticas activas– no parecen estar por la labor.

La lista de deberes fijada desde la UE también incluye varias tareas pendientes del Gobierno (déficit eléctrico, autopistas de peaje, ley de servicios profesionales, …), incluida una revisión «sistemática y concreta» del gasto público en todos los niveles de la Administración, que debería presentarse en febrero de 2015.