Trasladan a las Cortes los autos de Alaya contra Griñán y Chaves

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha respondido a la petición de auxilio de la juez que instruye el caso de los ERE, Merces Alaya, y ha trasladado a los presidentes del Congreso, Jesús Posada, y del Senado, Pío García Escudero, el auto de 18 de diciembre de 2013 de la juez Alaya para que se lo notifique a los diputados Manuel Chaves y José Antonio Viera, y al senador José Antonio Griñán por si quieren ejercer el derecho a la defensa.

Tras la cascada de protestas por saltarse el procedimiento a la hora de remitir decisiones judiciales a cargos aforados, Alaya rectificó y en un nuevo auto dictado hoy pedía al Tribunal Supremo y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que la auxilien para poder notificar a los expresidentes su derecho a personarse en la causa tras haber sido señalados por varias diligencias.

Colaboración

A la juez Alaya parecen no haberle sentado muy bien las críticas, y en su auto no duda en recordar que “lo mismo que para otras diligencias de ejecución de resoluciones judiciales, los poderes públicos han de prestar la colaboración necesaria de conformidad con el artículo 118 de la Constitución, en relación con el artículo 591 de la LEC”. No obstante, reconoce que el criterio operativo informado por el Tribunal Supremo “aunque no integrado en ninguna norma de nuestro ordenamiento jurídico”, es a las altas instancias judiciales a quien corresponde notificar decisiones judiciales a cargos aforados, de ahí que pida al TS y al TSJA que auxilien a su juzgado y notifiquen el auto de 18 de diciembre que preimputa a varios excargos del Ejecutivo andaluz entre 2001 y 2010 que todavía ostentan escaños en las Cortes o incluso el Parlamento andaluz.

Alaya ya explicó que envió a la Guardia Civil al Congreso de los Diputados y al Senado tras no haber podido confirmar el domicilio correcto de los cargos públicos aforados que están señalados en la investigación de los ERE y al entender que era su puesto de trabajo. Sin embargo, tanto el presidente del Congreso, Jesús Posadas, como el del Senado, Pío Garcia Escudero, hicieron público su rechazo a recibir esas notificaciones y su intención de devolverlas al juzgado por no haber empleado los cauces correctos, de ahí que Alaya libre oficio a ambos tribunales para que sean éstos quienes realicen ahora la notificación.