Buen trabajo de la comisión

La comisión de expertos hacendistas creada para proponer una reforma fiscal y presidida por el profesor Lagares, autor de la reforma que llevó a cabo Aznar, ha logrado producir un valioso documento que contiene 125 propuestas tendentes a simplificar y a racionalizar el sistema fiscal español, que hoy está repleto de incoherencias internas acumuladas al paso delos años mediante sucesivas improvisaciones.

Una reforma fiscal es una tarea cuasi constituyente que debe realizarse por el procedimiento de evaluar, primero, qué modelo de Estado de Bienestar se persigue y qué clase de país se desea mantener, para calcular, después, el entramado fiscal que permite obtener los suficientes recursos. Es, por tanto, una tarea eminentemente política, la más política de todas, que cada año se plasma en la decisión soberana del Presupuesto, que compendia toda la ejecutoria gubernamental en el período.

Por ello, la tarea de los expertos no ha consistido en diseñar una nueva fiscalidad, sino, simplemente, en llevar a cabo un análisis técnicos que ha alertado sobre los efectos macroeconómicos de los distintos impuestos y ha proporcionado pautas para reformar los principales, suprimir otros y, en definitiva, avanzar hacia unas pautas de desarrollo económico que facilite la creación de empleo, nuestro gran objetivo actual.

En nuestro país, que tiene transferida la soberanía monetaria a Europa, no es posible una devaluación competitiva de la divisa. Por ello, tras haber tenido lugar una devaluación salarial, que todavía está en marcha, el informe tiende inequívocamente hacia la llamada devaluación fiscal, que, como se sabe, consiste en reducir los costes de producción de los bienes y servicios para lograr una más fácil exportación de los mismos. Básicamente, la devaluación fiscal incluye una reducción de las cotizaciones sociales –lo que el empleador paga por el trabajo de los asalariados- compensada mediante una subida del IVA, que además tendría un efecto disuasorio sobre las importaciones. Sería muy difícil para el gobierno rechazar esta recomendación.

Las más de cuatrocientas páginas del voluminoso informe contiene propuestas de cambios en el IRPF –sólo cuatro tramos, con un mínimo exento del orden del 20% y un máximo no superior al 50%, que debería aproximarse al promedio europeo, del orden del 45%-, en el IVA –traspasando de momento productos hoy gravados al tipo intermedio del 10% al grupo del tipo superior- y en el impuesto de sociedades –con una bajada del 30 al 25% en una primera fase y al 20% en una segunda para todas las sociedades, grandes y pequeñas-. Además, hay un cúmulo de propuestas interesantes que deberían ser cuando menos examinadas por el Gobierno, primero, y por el Parlamento, después: desde suprimir los módulos para combatir el fraude a eliminar el impuesto sobre el patrimonio, pasando por unificar el impuesto de circulación, igual para todo el territorio, eliminando el de matriculación.

El trabajo del comité es, en resumen, una valiosa aportación a la racionalización socioeconómica de este país, que habrá que manejar con cuidado para que las comunidades autónomas participen en ella y no se sientan postergadas. En cualquier caso, las recomendaciones son solventes y tienen la virtud de venir apoyadas por el sentido común.