La RFEN expone el incumplimiento de contrato para justificar el despido de Anna Tarrés

El presidente de la Federación Española de Natación (RFEN), Fernando Carpena, compareció en una rueda de prensa para explicar los motivos de su último recurso en los juzgados después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ratificara la nulidad del despido de la antigua seleccionadora de natación sincronizada, Anna Tarrés.

Según explicó Carpena, la RFEN se acogió al incumplimiento de una claúsula de su contrato de la exseleccionadora, quien debería «comunicar y solicitar la autorización para cualquier actividad de las deportistas a su cargo». Según la RFEN, Tarrés empleó a algunas de sus pupilas a través de un contrato de gestión de patrocinio para un anuncio comercial (Freixenet) sin pedir la correspondiente autorización. Según la RFEN, el incumplimiento permitiría la rescisión del contrato sin indemnización alguna.

En cuanto a la fecha de no renovación del contrato, Carpena argumentó que se adelantó al final del mes de septiembre para que el nuevo equipo técnico no se incorporara en mitad del período de preparación. Según el presidente de la federación, «la señora Tarrés ya comunicó que no quería incoporarse y así las dos partes se consideraban eximidas. Lo que no se entiende es que cuando se inicia una campaña deportiva se haga con un técnico y a 31 de diciembre se incorporen otros». Sin embargo, la exseleccionadora puso una demanda por despido improcedente que ha sido confirmada tanto por el juzgado de lo social de Terrasa como por el TSJC.

«Hay otro procedimiento por impago de unos premios y por una bajada salarial. Antes del juicio desistió de la baja salarial porque incluido el presidente se había procedido a una baja salarial general. También desistió de la mayor cuantía que solicitaba porque según su contrato los premios se pagan a año vencido. Es verdad que existe un fleco de 7.800 euros que ella reclama y que ha sido satifecha por el COE y que ella pretende cobrarla también de la RFEN. El juzgado resolverá», explicó Carpena. El gerente de la RFEN, Eugenio Bermúdez, explicó que los 383.300 euros que la exseleccionadora reclama a la organización por su despido disciplinario ya están contemplados en el plan de viabilidad federativo y no supondrán «un descalabro económico».

Por otra parte, Carpena insistió en que todas las instancias judiciales han ratificado que «ni la federación ni el presidente de la misma estaban detrás del complot» que argumentó Tarrés sobre su despido y una carta firmada por 22 nadadoras que denunciaba «un método peligroso y perverso».

Según el presidente de la federación de natación, esperó a hacer pública su reacción para no enturbiar la preparación deportiva, la imagen de la RFEN y el negociado de patrocinios. «Hay un momento determinado que hay que preservar la imagen de las instituciones a las que representamos y, por tanto, debemos de alguna manera salir a la palestra. Entonces (en 2012), una razón para no intervenir en el circo mediático fue preservar al nuevo equipo técnico, a las deportistas en esa singladura que iniciaban en el mes de octubre con vistas a los Juegos Olímpicos de Río 2016», explicó.

«Lo acontecido soporta un despido disciplinario. Si volviera a acontecer lo mismo que en 2012 se procedería de la misma manera», sentenció Carpena.