La Diputación de Barcelona pide 67 años para Millet sin acusar a CDC

La Diputación de Barcelona, que ejerce la acusación popular en la causa por el saqueo del Palau de la Música, pide 67 años de prisión para los exresponsables de la entidad Fèlix Millet y Jordi Montull, sin acusar a los cargos de CDC imputados ni exigir a la formación responsabilidad civil alguna.

En su escrito de acusación, la corporación provincial acusa del expolio a Millet, su mano derecha Jordi Montull y a la hija de éste Gemma, mientras que a las esposas de los saqueadores confesos del Palau de la Música las sitúa como partícipes a título lucrativo del expolio.

El escrito de la Diputación de Barcelona, institución que junto al resto de administraciones formó parte hasta 2001 del Consorcio del Palau de la Música que nutría de fondos públicos a la entidad, no hace alusión alguna a los 5,1 millones de euros que el juez instructor cree que CDC se embolsó a través de Fèlix Millet en concepto de comisiones ilegales de la constructora Ferrovial. Concretamente, la Diputación de Barcelona pide 67 años de cárcel para cada uno de los dos saqueadores confesos del Palau de la Música, a los que acusa de los delitos continuados de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y malversación.

Para Gemma Montull, que fue directora financiera del Palau de la Música, la acusación popular de la Diputación solicita una pena de 17 años y medio de cárcel y, como a Millet y a Montull, pide que sea condenada a 25 años de inhabilitación absoluta. Asimismo, la Diputación reclama a los saqueadores confesos que indemnicen con cerca de 13 millones de euros a la Fundación del Palau de la Música y al Orfeó Català y con otros 3 al Consorci del Palau de la Música, entidad de la que la corporación provincial formó parte hasta 2001 y a través de la cual aportó 1,5 millones de euros en subvenciones.

Contrariamente a la acusación ejercida por la Fundación del Palau de la Música, la Diputación de Barcelona no acusa del desfalco a otros de los imputados en la causa, como el abogado y exsecretario del Palau Raimon Bergós, la secretaria de Millet Elisabet Barberà, la exdirectora general de la entidad Rosa Garicano o los responsables de las empresas que supuestamente colaboraron en el expolio emitiendo facturas mendaces. Esta acusación popular considera que Millet y Montull desviaron fondos en beneficio particular, como el pago de obras en sus viviendas, y también mediante servicios inexistentes con facturas emitidas por sociedades instrumentales controladas por ellos mismos.

Además, añade el escrito de acusación, a cargo de los fondos del Palau los saqueadores confesos pagaron gastos particulares, como las bodas de las hijas de Millet, celebradas en los años 2002 y 2002 en la sala de conciertos del edificio modernista con un presupuesto de 164.259 euros. En otro apartado, la acusación popular de la Diputación incluye los fondos que Millet y Montull desviaron en beneficio propio "o de terceras personas", principalmente mediante cheques al portador o reintegros en efectivo con cargo a cuentas corrientes de la Fundación Orfeó Català-Pala