El PSOE lleva al Constitucional el recorte de sueldos de los diputados de Castilla-La Mancha

El PSOE presentó este martes ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad y 21 recursos individuales de amparo contra la modificación del Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha que elimina la dedicación exclusiva de los parlamentarios y su sueldo fijo. Los escritos piden que se anule “inmediatamente” esta medida y argumentan que “lo que pretende Cospedal es acallar a la oposición porque busca que sólo tres diputados controlen y hagan oposición a su gobierno a tiempo completo en una región que tiene 80.000 kilómetros cuadrados, en la que caben Bélgica, Holanda y Luxemburgo y nos sobran todavía 2.000 kilómetros cuadrados”, según explicó el secretario de Organización del PSOE castellano-manchego, Jesús Fernández Vaquero.

En su opinión, “no es un problema de sueldos, de si los diputados deben o no cobrar más sino que es un problema de dedicación y de incompatibilidades, de que quien se dedica a ser diputado sólo tenga que defender los intereses generales y no se deba a ningún otro interés”. Su jefe de partido, Emiliano García-Page, fue más allá al proponer a la presidenta Cospedal “pactar el sueldo de los diputados regionales para que sea el más bajo de España, el mínimo, pero que no se silencie a la oposición”.

Por su parte, la portavoz del PP en Castilla-La Mancha, Carmen Riolobos, calificó de “error garrafal” el recurso del PSOE “porque el 90% de los castellano-manchegos apoya y defiende que los diputados regionales no cobren sueldo”. “Cospedal es un ejemplo para toda España por ello, por haber anunciado la reducción del número de diputados autonómicos a la mitad y por haber suprimido los privilegios de los expresidentes de Castilla-La Mancha”, añadió Riolobos.

Regreso al trabajo

Desde que la medida de suprimir estos sueldos entró en vigor el pasado 1 de enero, 42 de los 49 diputados perciben unos 1.500 euros al mes en concepto de indemnización y como dietas por asistir a plenos y comisiones cuando hasta diciembre percibían unos 3.600 euros cada mes.

Una nueva situación que ha obligado a 13 diputados populares y a 9 socialistas a volver a sus anteriores empleos como funcionarios, a ejercer y cobrar como portavoces en sus ayuntamientos o a regresar a negocios familiares.