La Sala Penal se reúne el miércoles por la competencia de los 'papeles' de Bárcenas

Tras casi tres semanas de batalla por la competencia de los denominados 'papeles' de Bárcenas, la supuesta contabilidad secreta del PP, la Sala de lo Penal dirimirá finalmente quién debe investigar los hechos, el juez Javier Gómez Bermúdez o su compañero Pablo Ruz. Este miércoles, aunque en un principio se apuntó al martes, la sección tercera, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, celebrará una vista a las 10.00 con las partes, Fiscalía, querellantes de Izquierda Unida y las defensa de los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y los empresarios Alfonso García Pozuelo y Luis del Rivero.

La vista llega después de que el instructor Gómez Bermúdez haya accedido hoy a que la Sala de lo Penal resuelva la cuestión de competencia. Ello, pese que en su exposición razonada vuelva a reiterar que no ha quedado acreditada la relación entre el cuaderno secreto de Bárcenas y la trama 'Gürtel'.

Gómez Bermúdez ha respondido así a la petición de Pablo Ruz, que el pasado viernes le pidió presentar la susceptible cuestión de competencia. Sin embargo, en su escrito, el titular del Juzgado Central de Instrucción número tres ha defendido su derecho a investigar los 'papeles' de Bárcenas a través de la querella de Izquierda Unida.

"Es una parte del todo"

Ha afirmado que del relato de la Fiscalía y de la Policía, por cuanto si ven conexión entre los pagos de 'Gürtel' y la contabilidad oficial del PP, "no se puede deducir que la trama sea intermediario, recaudador o cooperador necesario". "Eso es incidental en relación a nuestra investigación; es una parte del todo, no tiene relación con otros donantes", ha asegurado.

En virtud a esta tesis, que 'Gürtel' "en una parte del todo", desarrolla el instructor toda su exposición a la Sala para concluir que la "débil conexidad subjetiva no es relevante" para que Ruz se quede con la investigación.

"'Gürtel' puede ser una parte de la supuesta financiación ilegal del Partido Popular, pero eso no es delito. Los delitos serían cohechos, prevaricaciones, defraudaciones, etc., derivados de pagos a cambio de contratación pública", ha señalado Gómez Bermúdez.

Ahora las partes, Fiscalía e Izquierda Unida, tienen 24 horas para presentar sus alegaciones antes de que el asunto llegue a la sección tercera de la Sala de lo Penal.