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El Fondo Social pone 5.047 viviendas a disposición de familias desahuciadas

Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía son las comunidades que más pisos tienen

MADRID Actualizado: Guardar
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Las más de cinco mil viviendas que las entidades financieras han aportado al Fondo Social puesto en marcha por el Gobierno para facilitar el alquiler a familias desahuciadas a partir del 1 de enero de 2008 por el impago de su hipoteca ya están incorporadas a la web del Ministerio de Sanidad y a disposición de ser adjudicadas. Cataluña encabeza el llistado con 1.093 viviendas, seguida por la Comunidad Valenciana con 1.086 y Andalucía con 859. A continuación figuira Madrid, ya con sólo 402 viviendas y el resto de comunidades tienen menos de trescientas vivienda. Aragón, 156; Asturias, 47; Canarias, 233; Cabntabria, 32; Castilla y León, 214; Castilla La Mancha, 240; Extremadura, 42; Galicia, 115; Baleares, 112; La Rioja, 61; Murcia, 263; Navarra, 30; y País Vasco, 62.

A partir del 31 de marzo se entregarán las primeras solicitudes aprobadas. Quienes quieran acceder a una de estas viviendas deben acudir al banco o caja que les desahució y presentar allí la solicitud. Las viviendas del fondo social proceden de embargos de las entidades financieras.

El alquiler tendrá una duración de dos años y las rentas oscilarán entre 150 euros y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar.

Entre las condiciones requeridas está tener unos ingresos familiares inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (1.597 euros mensuales) o no superar una renta de poco más de 19.000 euros al año; no ser propietarios de ninguna otra vivienda y estar en situación de especial vulnerabilidad como ser familia numerosa, unidad familiar monoparental con dos o más hijos a cargo, familia con un menor de hasta tres años o que alguno de sus miembros tenga una discapacidad superior al 33% o una situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente para trabajar, parados sin prestaciones y familias que tengan alguna víctima de violencia de género.