Los chirridos del fiscal de Cataluña

Las declaraciones del fiscal Superior de Cataluña, Martín Rodríguez-Sol, a una agencia de prensa, difundidas profusamente a través de diversos medios, habían chirriado en los oídos de muchos ciudadanos al digerirlas esta mañana. El representante del Ministerio Fiscal en Cataluña había manifestado, en un evidente ataque de indigestión jurídica, que puesto que no se podría celebrar un referéndum de autodeterminación por imposibilidad legal, se debería recurrir a votar otra cosa semejante al amparo de la ley de Consultas que aprobara el parlamento catalán. Dado que actualmente "no existe un marco legal que permita un referéndum sobre la independencia", apostaba por buscar una alternativa mediante la formulación de preguntas que respeten la legalidad.

La frivolidad jurídica suele ser muy llamativa, y en este caso, cuando el país tiene que afrontar la arremetida populista del nacionalismo soberanista, las ganas de agradar de Rodríguez-Sol casaban muy mal con la inquebrantable solvencia del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, de quien hay que reconocer, y sea quien sea quien lo haga, que no ha tenido el menor desliz partidista desde que ocupa el cargo, que si bien es todavía de designación gubernamental, goza de la independencia que le da el saber que no puede ser removido.

Pasaban las horas y nadie reaccionaba… hasta que saltaba esta tarde la noticia: el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha firmado con presteza un Decreto por el que se inician los trámites para llevar a efecto un expediente de remoción del cargo del fiscal Superior de Cataluña. Dicha remoción, que ha de realizarla el gobierno, se adopta al amparo del artículo 41.5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que dispone que los fiscales jefes de los respectivos territorios podrán ser removidos por el Gobierno a propuesta del Fiscal General del Estado, oídos el Consejo Fiscal y el interesado y, en su caso, el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma.

En estos tiempos en que la política está desacreditada y se ha extendido un rechazo preocupante hacia quienes la hacen, la Justicia adquiere una responsabilidad especial ya que de ella depende en buena medida la capacidad de regeneración del modelo (no hay que olvidar que la Tangentopolis italiana la llevaron a cabo los jueces, no los políticos). De momento, podemos estar satisfechos porque el engranaje judicial funciona. La sociedad debe estar vigilante para que las presiones no cambien esta pauta que es vital para la reconstrucción del país.