España se negó a presionar para que la UE cambiara su política hacia Cuba

El traslado para que Ángel Carromero complete en España la pena de cuatro años de cárcel a la que le condenó el Gobierno cubano por homicidio imprudente no ha conllevado contraprestación política alguna. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha inistido hoy en el Congreso en lo que ha venido repitiendo desde que el 29 de diciembre el dirigente de Nuevas Generaciones aterrizara en Madrid tras cuatro meses recluido en Cuba. Eso sí, como novedad reconoció haber recibido presiones desde el régimen castrista para abanderar un cambio de la política que Bruselas mantiene hacia la isla a cambio del traslado del preso.

La denominada posición común de la UE, impulsada por José María Aznar en 1996, nació como un mecanismo que las condiciona relaciones entre ambas partes a los avances democráticos y en materia de derechos humanos en Cuba. “Se me pidió que demandase un flexibilización de la posición y me negué”, afirmó el ministro, que aún así reconoció que la postura defendida por el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido de la de relajar la posición hacia Cuba, una demanda en la que ha encontrada el apoyo unánime de todos los socios europeos, ha justificado.

Como prueba de objetividad, destacó el ministro, las gestiones del Ejecutivo español no se limitaron al militante del PP, sino que junto a él regresó para cumplir su condena en España Miguel Vives Cubillas, recluido desde hace cuatro años en Cuba por un delito de narcotráfico y sobre el que pesa una condena de 18 años de reclusión.

Ningún grupo ha criticado la actuación mantenida por el Gobierno ante las autoridades cubanas. Es más, el ministro de Asuntos Exteiores ha recibido una felicitación general por su gestión “discreta e inteligente” del proceso. Solo el PSOE se ha desmarcado en parte del discurso general al exigir al Gobierno que muestre la misma eficacia para repatriar a los 2.500 presos españoles que cumplen condena en el exterior a la desplegada con el militante popular ya que, según destacó el diputado socialista Alex Sáez, los trámites para este tipo de casos se prolongan durante 18 meses. El de Carromero, sin embargo, se solucionó en apenas cinco, ha apuntado Sáez.