El Gobierno destinará 3.500 millones a combatir el paro juvenil

El Gobierno y las organizaciones sociales pactaron este jueves el documento que servirá de base a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016. Una hoja de ruta pensada para dar respuesta a la insoportable tasa de desempleo juvenil que soporta España (55%, la más alta de Europa después de Grecia), elaborada en línea con las recomendaciones de la Unión Europea (UE) en esa materia y cuyo concierto escenificaron en una reunión el Ministerio de Empleo, las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos mayoritarios CC OO y UGT.

La estrategia pretende contribuir a reducir el nivel de desempleo a través de cien medidas dirigidas a facilitar el acceso y permanencia de los jóvenes en el mercado de trabajo. Gobierno y agentes sociales explicaron que a lograr esos objetivos se destinarán en los próximos cuatro años 3.485 millones de euros, cofinanciados por la Administración General del Estado y por el Fondo Social Europeo, según un comunicado conjunto de los firmantes.

Participaron en el cónclave final la ministra de Empleo, Fátima Báñez; la secretaria de Estado de su departamento, Engracia Hidalgo; los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Jesús Terciado, además de los líderes de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez. Su visto bueno es el paso previo a la transformación de la estrategia en una norma que deberá aprobar el Consejo de Ministros en pocas semanas.

Antes hubo otras veinte reuniones, en las que los agentes sociales acordaron articular el plan a partir de 15 medidas llamadas «de choque» o a corto plazo y otras 85 actuaciones a desarrollar en cuatro años.

A falta de que el Gobierno concrete los detalles, el comunicado emitido por los firmantes señala que el objetivo de las 15 medidas de choque es «dar una respuesta con efectos inmediatos a la situación de las personas jóvenes en el mercado de trabajo». Entre ellas, los firmantes comprometen «nuevas ayudas» para favorecer que los jóvenes que abandonaron su formación puedan reincorporarse al sistema educativo al objeto de finalizar sus estudios.

Del comunicado se deduce que el presupuesto a destinar a estas medidas en los próximos cuatro años asciende a 1.750 millones de euros. El 40% irían destinados a «estímulos a la contratación» (es decir, ayudas para las empresas y autónomos que incorporen trabajadores a sus plantillas); el 38% a estimular el autoempleo y el emprendimiento y otro 22% a «la formación y la mejora de la intermediación» para facilitar el acceso a un trabajo. Entre estas últimas, los promotores de la estrategia destacan la creación de un ‘Portal Único de Empleo’ en el que concentrar «todas las ofertas y recursos existentes» para conseguir un puesto laboral, ya sea por cuenta propia o ajena.

Formación

Entre las 85 medidas de medio y largo alcance –de momento igual de inconcretas que las supuestamente urgentes– figuran algunas destinadas a estimular la permanencia en el sistema educativo, a reconocer «el valor de la formación profesional y permitir la adquisición de competencias útiles para el empleo». Junto a ellas, hay otras que buscarían posibilitar la «compatibilidad entre empleo y formación», una fórmula que recientemente ha servido para designar contratos de escasa remuneración y derechos. Su dotación será de 1.700 millones de euros en los próximos cuatro años.

Por otra parte, el Pleno del Congreso de los Diputados convalidó este jueves el decreto ley que prorroga el llamado Plan Prepara, que establece ayudas de 400 euros durante seis meses para parados que hayan agotado todas las prestaciones (450 euros en el caso de desempleados con tres o más personas a su cargo).

La gran novedad es que el decreto prevé la renovación automática del plan cada seis meses mientras la tasa de paro no baje del 20%. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, justificó la fijación de este umbral tras «constatarse que la economía acumula cinco trimestres de crecimiento negativo y el paro supera el 26%».

La prórroga de esta medida salió adelante con los votos a favor de PP, CiU, PNV y UPyD. La rechazaron PSOE, Izquierda Plural, Amaiur, BNG y Geroa Bai, grupos que exigían su tramitación mediante un proyecto de ley, al objeto de poder hacer sus aportaciones.