La Ley de Unidad de Mercado acabará con la «maraña» administrativa de España

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de ley de unidad de mercado, una norma que busca reducir la "maraña administrativa" de España y con se podría elevar 1,52 puntos el PIB en diez años, según los estudios realizados por el Ministerio de Economía y Competitividad. Así lo ha señalado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha explicado que, según estos cálculos, la norma podría elevar el PIB un 0,15% al año (1.500 millones).

La nueva ley, según Sáenz de Santamaría, "no perjudica a nadie y beneficia a todos" y es una de las reformas "más importantes" incluidas en el plan nacional enviado a Bruselas, con la que el Gobierno busca elevar la competitividad de la economía y desbrozar la maraña normativa en España. Para conseguirlo, permitirá que los operadores económicos apliquen su legislación de origen para operar en todo el país, sin tener que recurrir a especificaciones diferentes o permisos especiales al operar en una comunidad autónoma concreta. "Se basa en un principio de confianza mutua", ha dicho.

Además, favorecerá la creación del Consejo Nacional de Unidad de Mercado, que intentará que converjan las diferentes regulaciones autonómicas basándose en un principio de colaboración y en la búsqueda de elementos de control y supervisión entre administraciones. Además, impulsa la creación del Consejo Nacional de Unidad de Mercado, que intentará que converjan las diferentes regulaciones autonómicas basándose en la colaboración y la búsqueda de elementos de control y supervisión entre administraciones.

Una ley que beneficia a todos

"Es una ley que parte de la coordinación de todas las administraciones", ha dicho Sáenz de Santamaría, tras garantizar, sin embargo, que no pretende la armonización ni la recentralización, puesto que se aceptarán las licencias o permisos de cada administración asumiendo la presunción de legalidad. "Lo bien hecho para una tiene que estar bien hecho para todas", ha añadido.

Según la portavoz, no tiene sentido que hoy en día una empresa de servicios alimentarios tenga que incluir especificaciones diferentes en función de dónde vaya a comercializar sus productos, que una compañía de agua mineral tenga que cambiar los etiquetados o que un fontanero necesite inscribirse en un registro especial o conseguir un certificado profesional diferente para trabajar en otra comunidad.

A su parecer, la reducción de la "maraña administrativa" en España es una reclamación generalizada dentro y fuera del país, ya que son muchos los colectivos y los organismos internacionales, como el Consejo Europeo, que han resaltado la necesidad de aprobar una ley así en España, similar a las que existen en otros países vecinos.

La norma, según ha dicho, beneficia a todos, aunque sobre todo a las comunidades más industrializadas y con un sector servicios de mayor tamaño, como Cataluña, Madrid y País Vasco. Estas tres regiones suponen el 44,6% del PIB de la industria española; el 43,7% del transporte, comercio y la hostelería y, en términos generales, el 42,5% del PIB español. En cualquier caso, la portavoz ha insistido varias veces en que la norma no perjudica a nadie ni modifica las competencias de las comunidades. De hecho, ha explicado que el exceso de carga administrativa se lleva en España el 4,6% del PIB, cifra que se reducirá en un 35% gracias a la nueva ley.