Nueva dimisión en bloque de médicos madrileños

La lista de dimisiones en la sanidad madrileña sigue engrosando y parece no tener fin. Las últimas renuncias masivas se produjeron este jueves cuando más de 150 profesionales sanitarios anunciaron su dimisión en bloque de las comisiones y juntas técnicas de los hospitales en protesta por el plan del Gobierno regional de privatizar la gestión de 27 centros de salud y seis hospitales. Una medida aprobada el mismo día que la Asamblea de Madrid dio luz verde a la ley con los únicos votos del PP y el rechazo frontal de toda la oposición.

El conflicto entre la comunidad sanitaria y el Gobierno regional no deja de crecer. Los médicos, que llevan cinco semanas con todo tipo de movilizaciones dieron una nueva vuelta de tuerca a sus protestas con una dimisión de centenares de profesionales. Con este gesto pretenden escenificar la «ruptura de la relación de confianza» con la Consejería de Sanidad, según explicó la portavoz de la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (AFEM), Fátima Brañas, quien acusó al Gobierno regional de «falta de diálogo». Estas dimisiones afectan a todos los grupos de asesoramiento de los hospitales salvo a las de tumores y de docencia «por motivos éticos».

Las dimisiones suponen un paso más en la presión de los facultativos para mostrar su rechazo a una iniciativa que consideran "atenta" contra el modelo de la sanidad pública. «Es un hecho importante puesto que los hospitales sin médicos no son hospitales y necesitan a los profesionales para hacer una sanidad mejor», explicó Brañas. Estas renuncias se suman a las de los 120 equipos directivos de los centros de salud, un 44% del total, que ya presentaron su dimisión hace una semana. Unas renuncias que trataron de minimizar desde el Gobierno autonómico. Y es que hasta ahora, ninguna de las protestas, que han incluido multitudinarias manifestaciones en las calles y huelgas de hambre de algunos facultativos, han servido para que el Gobierno de Ignacio González flexibilice un ápice su posición.

Tras la aprobación en la Asamblea de Madrid de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2013 donde se incluye la privatización y en la que quedó de manifiesto la soledad de los populares, desde AFEM anunciaron que no asistirán a la reunión prevista para este viernes con la Consejería de Sanidad. «No parece razonable quedar si no sabemos ni el marco en el que nos movemos», explicó Brañas tras lamentar la aprobación del polémico sin recoger ninguna de las propuestas de los profesionales. Tras el respaldo parlamentario a la normativa, la AFEM decidió poner fin a unos paros prolongados durante cinco semanas, pero acordó continuar la lucha a través de los tribunales «denunciando posibles irregularidades en la privatización de los hospitales».

«No quieren operar»

Por su parte, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, cargó duramente contra los médicos por las cinco semanas de huelga en las que, según sus datos, se han cancelado unas 6.000 operaciones. González acusó a los facultativos de «perjudicar» a los ciudadanos con su actitud. «¿Por qué no les operan hoy? No les operan porque no quieren operarles, así de claro», explicó el líder regional en una rueda de prensa en la que volvió a defender la «externalización» de la gestión sanitaria como fórmula para ahorrar 600 millones de euros, una cifra muy superior a los 200 millones anunciados hasta ahora por el consejero del ramo, Javier Fernández-Lasquetty.

En cualquier caso, el presidente madrileño insistió en que se mantienen «abiertos al diálogo con los médicos» y reiteró que aplicarán las medidas concretas que aporten los profesionales. Sin embargo, hasta ahora, todas las reuniones acabaron sin un mínimo acercamiento entre las partes a pesar de que los profesionales sanitarios aportaron medidas concretas de ahorro alternativas a la privatización.

Para el presidente autonómico el «uso abusivo» de huelgas y manifestaciones en la comunidad -hasta 2.500 en 2012- ha provocado un descenso de la riqueza de la región de un 0,5 %, «que equivale a 23.780 puestos de trabajo menos». Por eso, González abogó por abrir una «reflexión» sobre el derecho de huelga y manifestación para buscar un «equilibrio» para que no se «colapse el centro» de protestas.