El CGPJ aprueba un texto crítico con la reforma de Gallardón

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado un informe muy crítico con los recortes auspiciados por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón en el estatuto de los jueces, en especial en lo referido a los días para asuntos propios y el trabajo de los jueces sustitutos.

El texto, cuya ponente ha sido la vocal Concepción Espejel, sale adelante con dos votos particulares discrepantes, que firman los vocales Antonio Dorado y José Manuel Gómez Benítez, mientras que Gabriela Bravo ha emitido un voto particular concurrente, ha informado este órgano.

El informe solicita el mantenimiento de los seis permisos de tres días de los que disponen los jueces al año para asuntos propios, frente a lo dicho en el Anteproyecto de reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que prevé permisos para que los jueces puedan ausentarse de la sede del órgano por un máximo de nueve días al año y no más de tres al mes para el estudio y resolución de causas de especial complejidad o para hacer frente a situaciones de acumulación de asuntos. En un principio, Justicia preveía tres días por asuntos propios.

El Consejo del Poder Judicial argumenta que la razón de ser de los seis permisos anuales de tres días "se anuda a la especificidad propia de la actividad jurisdiccional, que, no debe olvidarse, supone el ejercicio efectivo y continuo poder del Estado". La estructura actual de los permisos y licencias responde a las singularidades propias del ejercicio de la función jurisdiccional. "No deben ser objeto de una mera equiparación con el régimen jurídico previsto para los funcionarios públicos", alega.

Jueces sustitutos

Además, el informe del Consejo pone "peros" a los planes para reducir prácticamente a la excepcionalidad a los jueces sustitutos, que son aquellos no miembros de la carrera, normalmente abogados, que a día de hoy hacen las sustituciones y refuerzos en los juzgados.

El Pleno reconoce la gravedad de la situación económica actual y su deseo de que la actividad jurisdiccional sea responsabilidad de jueces y magistrados profesionales. Ahora bien, precisa que es "imprescindible" tener en cuenta la "sobrecarga generalizada que gravita sobre la Administración de Justicia", por lo que deben establecerse medidas que propicien la adecuación de la plantilla a las necesidades reales de los tribunales. De lo contrario, advierte de que "se corre el riesgo de reducir el estándar se calidad", lo que redundaría en perjuicio de los ciudadanos. De esta manera, el Consejo propone una serie de mejoras técnicas para el mejor funcionamiento del sistema de refuerzos y sustituciones, al tiempo que entiende que no debería aplicarse en el Tribunal Supremo puesto que dispone de magistrados eméritos.

También sugiere que la retribución por sustituciones o refuerzos no esté condicionada a la carga de trabajo global que soporte el juez afectado y que la remuneración se fije en consideración al "trabajo desempeñado por quien sustituye o participa en una medida de refuerzo".

El Pleno, constituido por vocales y el presidente, Gonzalo Moliner, se refiere también a la ausencia de un horario laboral estándar. Esta circunstancia implica que el tiempo efectivo se prolongue durante "las tardes, noches e, incluso, los días festivos, lo que justifica el mantenimiento de un régimen jurídico diferenciado que, a su vez, permite mitigar las limitaciones que la actividad jurisdiccional impone a la efectiva de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, especialmente, por razones fácilmente comprensibles, para los jueces y magistrados destinados en territorios no peninsulares".

En cuanto al régimen jurídico de bajas por enfermedad, el informe aboga por mantener el modelo actual atendiendo a la inexistencia de datos de absentismo en la carrera judicial y a la especificidad de la función jurisdiccional, así como a la necesidad de culminar un estudio sobre enfermedades profesionales de jueces y magistrados. El ministro de Justicia se comprometió el pasado martes a elaborar un catálogo de enfermedades profesionales y a mantener doce días de permiso.

El contenido de este Anteproyecto motivó gran parte del malestar que expresaron de forma unánime las juntas de jueces, que llegaron a plantear la convocatoria de huelgas. También pidieron aumentar la inversión en la Administración de Justicia.