Las CC AA podrán incrementar un 66% las tasas universitarias

La ola de recortes para paliar el déficit de las comunidades universitarias ha golpeado hoy en la línea de flotación a la universidad pública española. El decreto ley que aprobará mañana el Gobierno central otorgará potestad a las comunidades autónomas para incrementar las tasas de matriculación universitaria hasta un 66%. Actualmente, cada estudiante paga un 15% del coste real de su formación, el resto corre a cargo del presupuesto público. A partir del próximo año, los ejecutivos podrán elevar ese porcentaje hasta un 25%, lo que de media, según los cálculos de Educación, supondrá 540 euros más por curso para cada estudiante.

Las tasas universitarias varían actualmente entre los 700 y los 1.400 euros dependiendo de la región y la carrera que se estudie. A mayor cantidad, mayor será por tanto el incremento. Además, en el caso de los repetidores la cuantía aumentará de un 30% a un 40% del coste del curso para la segunda matrícula de una misma asignatura, del 65% al 75% para la tercera y del 90% al 100% en el caso de la cuarta.

El ministro del ramo, José Ignacio Wert, ha informado de esta y otras medidas a los consejeros de Educación de las comunidades autónomas -"solo nos informó, no nos consultó" se quejó el secretario general de Universidades andaluz, Francisco Triguero-.

El objetivo es, según les ha explicado Wert, dotar a las regiones de una serie de herramientas legislativas que les permitan ahorrar en gasto y alcanzar el objetivo de reducir el déficit público al 1,5% de su PIB a finales de 2012. "Nosotros ofrecemos un abanico de posibilidades y serán las comunidades, dependiendo de la situación por la que estén atravesando, las que decidirán cómo implementar de una u otra forma las opciones que les estamos poniendo sobre la mesa", ha indicado la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, quien ha sido la encargada de explicar los pormenores de la reforma a los medios de comunicación al tener un acto el ministro con la Casa Real.

De momento, el País Vasco ya ha anunciado que en ningún caso acometerá una subida de las matriculas, mientras que Andalucía ha vinculado cualquier tipo de incremento a que vaya aparejado a un mayor número de becas "en defensa de la equidad en la educación". El resto de gobiernos autonómicos ha preferido guardar silencio a la espera de evaluar la nueva situación.

"El dinero que se recaude de más corresponderá a las propias universidades, pero al contar con mayor financiación las comunidades podrán rebajar la asignación de los presupuestos que va destinada a ellas", ha explicado la secretaria de Estado. Gomedió también ha insistido en que no se reducirá la partida de becas. En aquellas que cubra el 100% del importe de la formación del estudiante, el incremento de la tasa correrá a cargo de su comunidad autónoma.

Docencia o investigación

La reforma también afectará al profesorado. El Ministerio pretende marcar una línea fija entre docencia e investigación. Aquellos profesores que atestigüen las horas dedicadas a la investigación durante los últimos seis años verán recortadas sus horas lectivas con el fin de que puedan dedicar un mayor esfuerzo a la misma. Para los que no lo hagan el camino será el inverso y se les impondrá una mayor presencia en las aulas. "Deberán elegir a que prefieren dedicarse en mayor medida", ha apuntado Gomendio. Según los datos aportados por Educación, el 50% de los docentes con condición de funcionario no se dedica a labores de investigación.

Otro de los puntos del decreto ley contempla un mayor control de las universidades por parte de los Ejecutivos autónomos. En concreto, se pretende que en situaciones de déficit los órganos rectores de las instituciones no puedan incrementar su gasto, obligando con ellos a un mayor esfuerzo de las arcas públicas para su mantenimiento. Igualmente, las comunidades podrán frenar los concursos de empleo público si no los consideran convenientes.

El último vértice de la reforma obliga a un proceso de diálogo entre todas las partes que derive en la aprobación de unos requisitos mínimos que deban cumplir las universidades, y que van desde recursos a número de alumnos por titulación. Según Gomendio, "existe un número muy elevado de universidades y campus, pero sobre todo de titulaciones" por lo que ha incidido en la necesidad de profundizar en la eficiencia y viabilidad de cada institución y materia. "Muchas comunidades autónomas nos habían solicitado que diéramos este paso", ha afirmado la secretaria de Estado, que tal y como dijo el ministro el lunes, este decreto ley no es una reforma educativa, esta aún está por llegar.