Limitados a 600.000 euros los sueldos en bancos con ayudas

Los directivos de las entidades que han recibido préstamos del Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB), como son BFA-Bankia, Banca Cívica, BMN y Caja España, no podrán cobrar remuneraciones anuales superiores a 600.000 euros, según el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Según los datos facilitados al Banco de España a finales del año pasado, solo los máximos directivos de BMN se sitúan por debajo de este umbral, en tanto que los de Caja España se negaron a hacer públicas sus remuneraciones.

En concreto, el presidente de BFA-Bankia, Rodrigo Rato, reconoció que percibía una remuneración anual de 2,34 millones de euros, lo que le coloca a la cabeza de estas entidades, seguido del consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, al que corresponden 2,26 millones anuales. El presidente de Banca Cívica, Antonio Pulido, y su vicepresidente Enrique Goñi, reconocieron 900.000 euros, en tanto que el presidente de BMN, Carlos Egea, percibe un salario anual de 450.000 euros.

El Gobierno ha establecido también un límite de 300.000 euros a las remuneraciones que perciben los máximos directivos de las cuatro entidades intervenidas, y que están participadas mayoritariamente por el FROB como son el Banco de Valencia, Catalunya Caixa, Unnim y Novagalicia.

El presidente de Catalunya Caixa, Adolf Todó, percibe 1,55 millones anuales, y su director general Jaume Masana, 860.000 euros, en tanto que el director general de Unnim, Jordi Mestre, cobra 960.000 euros. En Novagalicia, el presidente Jose María Castellano, y el consejero delegado, Cesar González-Bueno, reconocieron un salario de 890.000 euros anuales.

Fuente de malestar social

Estas limitaciones están contenidas en el Real Decreto Ley de Saneamiento del Sector Financiero, que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros y que, entre otros puntos, endurece las exigencias de provisiones de la banca, con objeto de contar con entidades más saneadas y eficientes, y promover una nueva ronda de concentraciones.

La nueva normativa aborda uno de los aspectos que ha generado en los últimos meses más malestar social, como son los altos salarios que perciben los directivos de los bancos y cajas que han percibido ayudas publicas. El Gobierno pidió al Banco de España un informe con recomendaciones sobre este asunto, con objeto de introducirlo en la reforma financiera.

De Guindos ha indicado que "este Gobierno está convencido de que su misión no es fijar los sueldos del sector privado, sino que aquellas entidades que han recibido ayudas públicas tengan retribuciones que garanticen que las finalidades que pretendían lograr dichas ayudas se cumplan, y que sean ejemplo para una sociedad sometida a muchos sacrificios". Estas retribuciones, ha precisado, se establecerán en los estatutos de las instituciones.

Simplificación de estructuras de gobierno

Por otro lado, las cajas de ahorros que desarrollan su negocio financiero a través de un banco tendrán que limitar sus órganos de gobierno, exclusivamente, a una asamblea general y a un consejo de administración, para simplificar su estructura y tratar de ahorrar gastos. Además, si las cajas no pierden el control de sus bancos o su participación no baja del 25%, no estarán obligadas a convertirse en fundaciones, según ha anunciado De Guindos.

El Ejecutivo ha aprobado también que las cajas de ahorros desprovistas del negocio financiero destinen a su obra social al menos el 90% de los dividendos que reciban por su participación en el banco. En los últimos años varias cajas se agruparon en bancos a los que trasladaron su negocio financiero y quedaron desprovistas de esta actividad, para ocuparse principalmente de la obra social. Por eso, De Guindos ha argumentado que era necesario simplificar la estructura organizativa de estas cajas y bastará con la asamblea general y el consejo de administración.

Excepcionalmente, en algunos casos que fuese razonable, el ministro de Economía ha añadido que podrá persistir la comisión de control. En cualquier caso, el número de miembros de cada uno de estos órganos de gobierno y la periodicidad de sus reuniones quedarán fijados en los estatutos de las cajas de ahorros.

Otra de las novedades aprobadas por el Gobierno permite que las cajas desprovistas de su negocio financiero no pasen a ser fundaciones dependientes de las Comunidades Autónomas tan fácilmente. Hasta ahora, la ley obligaba a que las cajas de ahorros se convirtieran en fundaciones si controlaban menos del 50% de los bancos que crearon, lo que impedía que muchas entidades pudieran ampliar fácilmente su capital. Ahora, siempre y cuando mantengan una participación en sus bancos de al menos el 25% o simplemente el control, podrán mantener su estatus de caja.

Además, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado la aprobación de una línea de crédito del ICO por importe de 10.000 millones de euros, ampliable a 15.000, para la financiación directa de las comunidades autónomas condicionada al cumplimiento de los objetivos de déficit.

Saneamiento

De Guindos ya avanzó ayer otros de los puntos más importantes de la reforma financiera. Así, el Ejecutivo ha dado cuatro meses a las entidades para anunciar fusiones, y un mínimo de un año para sanear sus activos inmobiliarios con 50.000 millones de euros. De Guindos resaltó que el objetivo de la reforma es claro: lograr en poco tiempo un "sector más saneado y mejor dimensionado" que pueda volver a dar crédito.

Las entidades que no se puedan permitir poner el valor del suelo y de los inmuebles a su precio real en los respectivos balances tendrán cuatro meses para presentar planes de fusión que les faciliten cumplir esta exigencia. De Guindos se mostró convencido de que esta nueva vuelta de tuerca de la reconversión sacará al mercado miles de pisos a importes asequibles, y el alivio que proporcionará a las entidades les permitirá abrir el grifo del crédito.

La fórmula es sencilla: si un banco o caja que se ha quedado con la propiedad de una vivienda tiene que aplicarle un descuento muy importante, pondrá el máximo interés en venderla aunque sea ligeramente por encima de ese valor, en vez de retenerla. Sin ese lastre, la entidad volverá a prestar dinero para otros proyectos. La reforma tiene que ayudar, además, a que los expertos vuelvan a creer en la solvencia del sector financiero español y, en definitiva, en el potencial de la economía.