«Es como cerrar la Seguridad Social a los extranjeros»

Días después de que el Congreso de los Diputados aprobara por mayoría la limitación del principio legal de jurisdicción universal, un juez instructor de la Audiencia Nacional mostró su rechazo con un ejemplo clarificador: «Es como cerrar la Seguridad Social a los extranjeros». España, anterior paladín de la justicia universal, había puesto puertas al campo después de la polvareda diplomática que levantó la admisión a trámite de una querella contra el ministro de Defensa israelí y altos cargos militares de este país por un bombardeo mortal en la franja de Gaza en 2002.

La consecuencia inmediata de esta reforma, aprobada por mayoría parlamentaria en mayo de 2009, es la vigencia de las causas abiertas en el tribunal central en las que no haya conexión con España. Esto es, que no haya víctimas nacionales o que los responsables de los crímenes no se encuentren en nuestro país. De la docena de procesos que se siguen en la actualidad en los diferentes juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional –referentes a supuestos genocidios o crímenes de lesa humanidad cometidos en Palestina, Ruanda, Sáhara Occidental, Estados Unidos (Guantánamo), Irak (‘caso Couso’), Guatemala, Alemania (nazismo), El Salvador o China– los que más probabilidad tienen de archivarse son tres.

Se trata de la persecución de los seguidores de la corriente Falun Gong, en China, el genocidio indígena de Guatemala o el proceso contra los arquitectos del andamiaje legal de la cárcel de Guantánamo. Fuentes jurídicas confirman que en estos casos no se ha acreditado con la misma fuerza que en otros procedimientos la existencia de víctimas españolas, por lo que es factible que les espere el mismo destino que la causa sobre la matanza en el Tibet, cuyo archivo ha confirmado ahora el Supremo.