Los afectados por el caos aéreo reclaman 50 millones a Aena

La Agrupación de Afectados por el Cierre del Espacio Aéreo ha presentado una reclamación contra Aena y el Ministerio de Fomento para que indemnicen con 50 millones de euros a cerca de 5.000 viajeros afectados por la anulación de los vuelos en el Puente de la Constitución de 2010.

El despacho Cremades & Calvo Sotelo, en representación de los perjudicados, ha presentado así la primera solicitud de responsabilidad patrimonial contra el Estado, que exige una compensación de 10.000 euros por los daños morales y materiales sufridos por cada viajero.

El socio de Cremades & Calvo Sotelo y portavoz de la plataforma, Luis Vericat, ha informado en rueda de prensa de que "después del verano se presentará otra reclamación en nombre de otros 5.000 afectados, por lo que la suma total de la reclamación alcanzará los 100 millones de euros".

Vericat ha explicado que la reclamación por vía administrativa contra Aena y el Ministerio de Fomento no anula sino que establece alternativas en el caso de que no lleguen a buen puerto las compensaciones que se exigirán en el proceso penal abierto en varias ciudades españolas contra los controladores que abandonaron sus puestos de trabajo el 3 y el 4 de diciembre de 2010. Ha negado "rotundamente" que, con esta estrategia, los afectados centren exclusivamente la responsabilidad de los sucesos en la Administración, como han manifestado los representantes de los controladores.

Seis meses para estimar o desestimar la reclamación

Cremades & Calvo Sotelo ha informado de que se abre ahora un proceso de seis meses en los que Aena y Fomento pueden estimar o desestimar la reclamación, aunque Vericat ha expresado que "lo más lógico es que la desestimen, y en cuanto lo hagan acudiremos al Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo" de la Audiencia Nacional.

Según ha resaltado, la reclamación se basa en que la actitud de los controladores, tal y como se reconoció en el Real Decreto que declaró el estado de alarma, "impidió un derecho fundamental como la libre circulación, constituyendo una calamidad pública de enorme magnitud". En palabras de Luis Vericat, el propio Real Decreto reconoce pues unas deficiencias en la actuación de la Administración que merecen una respuesta.

En este sentido, los afectados insisten en que no ceptan el argumento de Aena de que era imprevisible la actuación de los controladores, "ya que el conflicto se conocía desde hace tiempo, y como empresa podrían haber hecho algo más por evitarlo".

El ex magistrado del Tribunal Supremo Manuel Iglesias ha apuntado en la rueda de prensa que "Aena, como servidor único, está obligado a garantizar la navegación, y que según el artículo 1903 del Código Civil debe responder por los daños provocados por sus trabajadores". Además, ha considerado que los sucesos "sobrevienen por el mal funcionamiento de su empresa".