Sinde justifica la pasividad de Cultura en el escándalo de la SGAE

"Cultura no ha dejado de hacer nada de lo que debía hacer en relación con la SGAE". Así lo sostuvo la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, en su comparecencia a petición propia ante la comisión de Cultura del Congreso para fijar posición sobre el escándalo de la SGAE. La ministra reconoció que hacen falta más controles, pero se escudó en sendas sentencias del Supremo y del Constitucional de 1997 para justificar la pasividad de su departamento. Según Sinde, ambas sentencias confirman que la potestad de controlar y auditar a las sociedades de gestión de derechos corresponde a las comunidades autónomas. "Eso no quiere decir que el ministerio se lavara las manos y mirase para otro lado" dijo la ministra que aseguró que su departamento ha revisado en los últimos a años todas la auditorías del a SGAE "que estaban cuadradas año tras año desde el 2000".

Señaló Sinde a Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid y ex ministra de Cultura, como responsable de la aprobación de la modificación estatutaria que permitió a las sociedades de gestión crear las fundaciones y empresas participadas como las utilizadas por los acusados de apropiación indebida en la 'operación Saga' por el juez Ruz. "Esperanza Aguirre permitió en 1997 crear fundaciones y sociedades desbloqueando al reforma estatutaria de la SGAE y de aquella decisión han venido el mal que ahora lamentamos" planteó.

Destacó la ministra que en España existen ocho entidades de gestión y que "de siete no hay sospecha". Aseguró que La trama desvelada en la SGAE "no cuestiona el modelo de la gestión de derechos", y que "los autores han sido doblemente perjudicados, en su patrimonio y en su imagen pública". "La situación denunciada en la SGAE es la excepción y no la regla en las sociedades de gestión.

Las irregularidades y delitos de sus gestores, si se confirman los indicios, no empañan la buena labor de los gestores de derechos ni pone en cuestión los derechos de los creadores a su propiedad intelectual" dijo.

Propuestas

La ministra propuso, con todo, una modificación parcial de la Ley de Propiedad Intelectual "que impida la creación de fundaciones y sociedades mercantiles, de modo que solo autorizaremos las entidades que tengan interés manifiesto". "Habrá que hacer una nueva Ley de Propiedad Intelectual acorde con los tiempos y que tenga nueva vigencia en la era digital" propuso Sinde.

También planteó "la puesta en marcha de una auditoría púbica de funcionamiento obligatorio para todas las sociedades de gestión" y el establecimiento de "un régimen sancionador expreso para las entidades que no cumplan con sus obligaciones, como garantía de máxima la transparencia. Por último dijo Sinde que llevará a la próxima Conferencia Sectorial de Cultura en la que participan las comunidades "una propuesta para aclarar las competencias"

Sinde logró irritar con sus declaraciones a todos los grupos de oposición y tanto el PP como las minorías catalana, vasca y el grupo mixto negaron la mayor.

"Usted es responsable político directa de lo que ha pasado en las sociedades de gestión y las sentencias que alude no le exoneran de responsabilidad" planteó el diputado del PP José Maria Lassalle que se mostró a favor de una nueva Ley de la Propiedad Intelectual. Aun así, criticó con dureza que la ministra se excusara en "una laguna legal" para eludir responsabilidades y calificó su intervención de "tomadura de pelo".

"Elude responsabilidades y toma el pelo a la comisión" le dijo desde el grupo mixto el diputado del BNG, José María Jorquera que calificó de "insostenibles" las tesis de Sinde.

Para el diputado de ERC Joan Tardá "es impúdico inadmisible e insultante echar el muerto y la porquería a otros y culpar a las comunidades autónomas". "No queremos cataplasmas queremos una reforma profunda de la Ley de propiedad intelectual" agregó.

Esteban Bravo, del PNV se dijo "sorprendido e indignado" por las declaraciones de Sinde "Mi indigna que Cultura se quite la responsabilidad de encima y eche la culpa a las autonomía", dijo Bravo para quien "es tarde para cataplasmas y no vale con estar tiritas, porque todo el modelo está en cuestión".

"Rechazamos sus explicaciones. Es inadmisible que ponga el foco en las comunidades autónomas" le espetó también la diputada de CIU Monserrat Surroca.

Desde Izquierda Unida-ICV, su portavoz Núria Buenaventura, juzgó como "un insulto" que la ministra solicite ahora una modificación de la Ley de Propiedad Intelectual cuando otros grupos llevan tiempo reclamándolo

Alineada con la ministra el diputado socialista José Andrés Torres, insistió en que fue Esperanza Aguirre quien permitió que las entidades sin ánimo de lucro pudieran crear empresas y sociedades mercantiles vinculadas a los organismos de gestión de derechos de autor.