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La familia Botín asegura que está «al corriente de todas sus obligaciones fiscales»

Concretan haber abonado el pasado año 200 millones de euros por la declaración patrimonial de los bienes domiciliados en Suiza procedentes de la herencia familiar

MADRID Actualizado: Guardar
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La familia Botín ha asegurado a través de un portavoz que "está al corriente de todas sus obligaciones fiscales", después de haber realizado una regularización "voluntaria y completa" de sus declaraciones fiscales de entre 2005 y 2009 y han mostrado su esperanza de que "muy pronto todo este asunto se aclare satisfactoriamente en sede judicial".

En concreto, el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, su hermano Jaime y los 5 hijos de cada uno de ellos, abonaron el pasado año 200 millones de euros por la declaración patrimonial de los bienes domiciliados en Suiza procedentes de parte de patrimonio acumulado por el patriarca de la familia, Emilio Botín Sanz de Sautola, padre del actual presidente de la entidad cántabra.

Tras el estallido de la Guerra Civil en 1936, el patriarca de la familia Botín salió de España con parte de su patrimonio, que fue depositado en una fundación creada en Suiza con su nombre y gestionada desde entonces y hasta la actualidad por varios administradores profesionales. En 2010 y tras la petición de regularización enviada por la Agencia Tributaria, a Familia Botín tuvo la oportunidad de regularizar las cuentas y los bienes de su patriarca. Según el artículo 305 del Código Penal, no incurren en delito fiscal las personas que pagan sus deudas con el fisco de forma voluntaria.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, su hermano Jaime y los 5 hijos de cada uno de ellos, por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental, por las cuentas supuestamente opacas que tenían en un banco de Suiza.

Los hechos denunciados arrancan de la investigación iniciada cuando las autoridades francesas informaron a la Agencia Tributaria española el 24 de mayo de 2010 de una serie de clientes que tenían cuentas en el HBSC Private Bank Suisse. La información se refería a los ejercicios de 2005 a 2009.