El CSD pide penas de cárcel para los implicados en la 'operación Puerto'

Al igual que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y la Unión Ciclista Internacional (UCI), el Consejo Superior de Deportes (CSD) también solicitará penas de cárcel, de dos años y medio, además de otros dos de inhabilitación profesional, para el médico Eufemiano Fuentes y los exdirectores deportivos Manolo Saiz y Vicente Belda, implicados en la 'operación Puerto' desarticulada hace ya casi un lustro. Las mismas sanciones reclamará la Abogacía del Estado en nombre del CSD para la hermana de Eufemiano, Yolanda Fuentes, y para el segundo director deportivo del equipo Comunitat Valenciana, Ignacio Labarta. Para el hematólogo José Luis Merino Batres, sin embargo, pedirá tres años de prisión e inhabilitación.

Así lo anunció este viernes el nuevo secretario de Estado para el Deporte, Albert Soler, durante su primer acto oficial en Barcelona, en concreto en el Museo Olímpico, donde el sustituto de Jaime Lissavetzky también desveló que el CSD ha acordado recurrir la decisión de la Federación Española de Atletismo de absolver al atleta Alemayehu Bezabeh de "tentativa de dopaje". "Esto es una muestra de la tolerancia cero, y a este concepto le quiero añadir el de contundencia absoluta en el mundo del dopaje", aseguró Soler en referencia al corredor etíope nacionalizado español a quien la Guardia Civil detuvo en el marco de la 'operación Galgo' cuando, presuntamente, iba a ser sometido a una autotransfusión sanguínea en el domicilio del fallecido exciclista Alberto León.

La solicitud de la Abogacía del Estado en los casos de los supuestos cabecillas de la 'operación Puerto' de 2006 es superior a la de la Fiscalía, que recientemente reclamó dos años de prisión para Eufemiano, Saiz (exdirector de la ONCE y el Liberty Seguros) y Belda, antiguo director del Kelme y del Comunitat Valenciana. "Nos equiparamos a la petición de la AMA y la UCI, y en el caso de Merino es incluso superior", reconoció Soler, mientras aún se debe aprobar en el Congreso el proyecto de reforma de la ley antidopaje que establece un castigo de hasta dos años de cárcel para quienes trafiquen con sustancias prohibidas.