Al Assad sube los salarios y reduce los impuestos

Tras la sangrienta jornada vivida ayer en Siria, el presidente, Bashar al Assad, ha firmado un decreto para el aumento de los salarios de todos los empleados públicos y de empresas participadas por el Estado en más del 75%. La medida beneficiará tanto a empleados temporales como indefinidos, ha informado la agencia estatal SANA. Al mismo tiempo ha ordenado reducir los impuestos que pesan sobre estos sueldos.

El decreto añade 1.500 libras sirias (22 euros) a todos los salarios. A esta subida hay que añadir un aumento del 30% sobre las nóminas por debajo de las 10.000 libras (151 euros), y del 20% para las que se sitúan por encima de esa cantidad. Mientras, el Gobierno fija el salario mínimo para los sectores público y privado y las empresas de participación mixta en 9.765 libras (148 euros). Estos cambios se harán efectivos en abril.

Al Assad también ha ordenado un aumento del 25% en los sueldos de pensionistas, tanto civiles como militares. Además se les concederá una paga de 1.500 libras.

En otro decreto, el presidente establece la reducción progresiva de los impuestos que afectan a todas estas nóminas, y exime de todo tipo de tasas los salarios inferiores a las 10.000 libras sirias. Estas modificaciones también entran en vigor con los sueldos del próximo mes.

Regularización de las fronteras

El ministro de Finanzas, Mohamad al Husain, ha explicado que el aumento de salarios y la reducción de impuestos tienen por objeto mejorar el nivel de ingresos de todos los empleados. Las medidas adoptadas coinciden con un momento de gran tensión en la sociedad siria, a consecuencia de las manifestaciones opositoras y las refriegas con las fuerzas del orden, que ya han dejado un saldo de decenas de muertos.

Por último, Al Assad ha rubricado un decreto que refuerza la regulación de las zonas fronterizas. En virtud de este texto, queda prohibido cualquier tipo de operación con derechos inmobiliarios en territorios próximos a las fronteras, o arrendar estas tierras durante un periodo mayor de tres años sin el permiso pertinente.