El Estado podrá ser accionista de una caja hasta 5 años

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha anunciado hoy que si el Estado inyecta fondos en una entidad podrá ser accionista de ella "hasta un máximo de cinco años" para garantizar su saneamiento, tal y como había pedido ayer CiU. Además, en declaraciones a la prensa en el Congreso de los Diputados tras este anuncio, Salgado ha reiterado su deseo de que el PP apoye el plan para reforzar el sector financiero que el Gobierno aprobará este viernes. "Es especialmente importante que el único partido que en algún momento puede gobernar participe en decisiones importantes del sector financiero", ha apostillado la ministra.

Minutos antes, en una interpelación del portavoz de ERC, Joan Ridao, Salgado ha aclarado que el Estado "no tiene vocación de permanencia" en las entidades que reciban una inyección del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), pero ha dejado entrever que tampoco se subastará inmediatamente la entidad.

Ridao comparte la opinión del portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, quien dijo ayer que una subasta rápida sólo permitirá que las cajas se acaben vendiendo "a precio de regalo, al mejor postor" (bancos españoles y extranjeros). A juicio del portavoz de ERC, las reformas del sistema financiero llevarán a un "oligopolio en el que los bancos no tendrán competidores y excluirán a sus clientes menos lucrativos", lo que acabará influyendo negativamente en el crédito.

Discriminación frente a los bancos

"La urgente necesidad de capital pondrá a las cajas en manos de jugadores deseosos de beneficios inmediatos y más rentabilidad", ha añadido el diputado de ERC. Además, ha reprochado a la vicepresidenta segunda la "auténtica discriminación" que es exigir a las cajas un 10% de capital principal respecto a activos de riesgo, frente al 8% de los bancos.

Por lo que Salgado ha insistido en que la distinción no es por tipo de entidades, sino por la presencia o no de inversores privados y la dependencia superior al 20% de los mercados mayoristas. Pero Ridao mantiene que eso es exigir un capital "fuera del alcance" de la mayoría de las cajas y un "suicidio asistido" para las mismas, "con dinero público", y que llevará a la desaparición de la obra social.

Para defenderse de estas críticas, Salgado ha argumentado que la reforma pretende que las cajas puedan seguir cumpliendo con su obra social, que solo se puede llevar a cabo cuando hay beneficios. Además, la vicepresidenta ha considerado que de cara a los nuevos exámenes de solvencia, previstos que se publiquen a mediados de año, "sería de desear" que, en ese momento, las entidades los pudieran resolver "sin dificultad".

En cuanto al coste para el erario público de las medidas financieras, Salgado ha minimizado el impacto y ha dicho que "apenas" llega al 1,5% del PIB y ha destacado que el Tesoro lleva ingresados ya cerca de 3.000 millones con las actuaciones para reforzar la liquidez. Esa cantidad es el resultado principalmente de los intereses generados con la compra a las entidades de activos financieros por parte del Estado.

Por último, ante la acusación de Ridao de que Economía "sustrae" las competencias autonómicas sobre las entidades financieras, la ministra ha asegurado que "la propuesta que el Gobierno va a plantear no va a alterar en nada el modelo competencial existente".

En las últimas semanas, se ha interpretado que con la posible entrada del Estado en el capital de las cajas, las autonomías podrían perder su derecho de veto de determinadas operaciones en las que se vean envueltas las entidades regionales bajo su tutela.