El Congreso cierra la reforma que corta el paso a Batasuna

El Congreso ha cerrado definitivamente la reforma electoral, una vez que ha aceptado la enmienda que el PSOE introdujo en el Senado sobre el control judicial de las 'herriko tabernas', con lo que corta el paso a Batasuna y a otras organizaciones afines a ETA a que puedan concurrir a las elecciones.

La reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que modifica aspectos relativos a la Ley de Partidos, ha sido aprobada por 321 votos a favor y catorce en contra, después de ser respaldada la enmienda del Senado. En este último debate, han intervenido, entre otros, el diputado del PNV Aitor Esteban, quien ha insistido en su rechazo a la reforma porque, a su juicio, "infringe" parámetros constitucionales y por el riesgo de "manipulación" electoral que existe, entre otros argumentos. Igualmente en contra lo ha hecho el portavoz de ERC, Joan Ridao, quien, además, ha criticado que la enmienda del Senado dé otra "vuelta de tuerca" a la ley y pueda acabar con la actividad de las herriko tabernas cuando, en este momento en el que la izquierda abertzale se está moviendo, el Gobierno, ha dicho, debería tener "mayor altura de miras".

En apoyo de la ley en general y de la enmienda en particular, el diputado del grupo popular José Antonio Bermúdez de Castro ha señalado que este cambio permitirá cerrar las herriko tabernas, ya que, según ha dicho, forman parte del entramado de ETA, al participar, por ejemplo, en la captación de fondos y en el seguimiento de objetivos terroristas. Antonio Hernando, del PSOE, ha defendido también la enmienda porque, ha señalado, el estado de derecho "no quiere dejar ninguna rendija" a los terroristas, y que no puedan tener presencia ni en las elecciones ni en ningún otro sitio.

Dos años de trabajos

Después de más de dos años de trabajos para reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, el Congreso ha concluido hoy una ambiciosa reforma electoral, que se complementa con otra aprobada el 19 de enero en la Cámara Alta y la cual modifica aspectos generales de la ley. La proposición relativa a la Ley de Partidos fue promovida por el PP y el PSOE con la finalidad de impedir que Batasuna llegue a las instituciones vía elecciones, y salió adelante con el rechazo, entre otros, del PNV y ERC-IU-ICV, y la abstención de CiU.

Una de las novedades más destacadas prevé la denominada "incompatibilidad sobrevenida", en función de la cual las personas electas que tomen posesión de sus cargos y después, por sentencia judicial "firme", se demuestre que pertenecen a un partido declarado ilegal, quedarán inhabilitadas salvo que en quince días presenten una declaración "indubitada" de rechazo y condena de la violencia.

También la proposición contempla que una lista de un partido legal podría anularse por dar cobijo a candidatos ligados a la izquierda abertzale radical y propone que si un cargo electo de Batasuna o del entorno logra acceder a las instituciones pueda ser expulsado. Además se amplía el plazo para anular listas "contaminadas" y la Fiscalía o el Abogado del Estado pueden presentar recursos hasta una semana antes de la jornada de los comicios, cuando con la ley actual no se puede hacer después del comienzo oficial de la campaña electoral.