El Gobierno da el primer paso para combatir la discriminación y mejorar la cobertura legal a quien la sufre

El Gobierno ha dado el primer paso para aprobar la ley que pretende acabar con la discriminación, mejorar la cobertura legal a quien la sufre y sensibilizar a la ciudadanía para que sea más tolerante. El objetivo es que nadie pueda sentirse "humillado" por razones de nacimiento, raza, sexo, convicción, discapacidad, edad, religión, identidad sexual o enfermedad. Lo que ha estudiado el Consejo de Ministros, en primera lectura, es el anteproyecto de ley integral de igualdad de trato. Una iniciativa que puede desatar la polémica porque contempla que tiene que ser el demandado quien pruebe que actuó bien. En virtud de la "inversión de la carga de la prueba", cuando alguien presente "indicios de discriminación", tendrá que ser el acusado el que aporte una "justificación objetiva y razonable" que desmienta tal acusación.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha subrayado el carácter "provisional" de un anteproyecto de ley con el que el Ejecutivo quiere "construir una sociedad que no humille a nadie". "Una sociedad donde sentirse seguro y, sobre todo, sentirse amparado por la ley", ha destacado la ministra. El Gobierno quiere así "sacar a la luz" los problemas de discriminación de la sociedad española y ofrecer tratamiento político, jurídico y social adecuado a los mismos, tal y como ha señalado Pajín.

La ministra ha afirmado que la ley tiene como objetivo completar el desarrollo del artículo 14 de la Constitución, que reconoce el derecho a no ser discriminado por nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, opinión y que ahora también se garantiza el derecho a no serlo por edad, discapacidad, enfermedad o por orientación e identidad sexual. Asimismo, ha indicado que el anteproyecto incorpora por primera vez todas las definiciones en materia de discriminación que existen en la UE: por asociación, por error, por discriminación múltiple, por acoso discriminatorio, inducción o instrucción y por represalias.

Norma "garantista"

Pajín ha señalado que España con esta ley, que estaba incluida en el programa electoral del PSOE en las pasadas elecciones, se suma a otros países de la UE que ya tienen una legislación específica en esta materia y ha aclarado que no conlleva una reforma del Código Penal. Ha explicado que la norma permitirá "el disfrute en igualdad de oportunidades de los derechos que reconoce la Constitución". "Se trata de garantizar derechos, no de crearlos", ha insistido Pajín.

Además, la ministra ha aseverado que el texto supone "un paso más basado en el reconocimiento de la diversidad de la ciudadanía como activo social", así como una apuesta de futuro para la convivencia y cohesión social de España. "Es un código activo de igualdad, de no discriminación en España para los próximos años", ha insistido Pajín, quien ha opinado que la igualdad de trato no afecta sólo a las minorías sino a "una parte importante de la sociedad".

A juicio de la ministra, esta norma "garantista" tiene en cuenta las circunstancias reales de los ciudadanos y que la lucha contra la discriminación no se construye sólo sobre la base de pertenencia a minorías "sino de rasgos que nos afectan a todos". Pajín ha recordado que el anteproyecto aprobado hoy empieza ahora su recorrido y a partir de ahora serán los órganos consultivos y de opinión los que deben prestar las aportaciones al texto. Así, la ministra ha hecho hincapié en que la intención del Gobierno el que el texto definitivo sea aprobado "con el máximo consenso y la mayor participación posible".