El Gobierno justifica la prórroga porque aún no se ha recuperado la normalidad y sigue la alarma social

El presidente del Congreso, José Bono, ha convocado para mañana a las 12.30 horas el pleno extraordinario en el que se debatirá la prolongación del estado de alarma hasta el 15 de enero, a petición del Gobierno. Los argumentos del Ejecutivo pasan por que aún no se ha recuperado totalmente la normalidad en la prestación de un servicio público esencial como es el tráfico aéreo. También alega que continúa la "alarma social" generada por el plante de los controladores y que hay que garantizar la "libertad de circulación de los ciudadanos".

Así consta en el acuerdo que el Consejo de Ministros adoptó este martes en la reunión extraordinaria que celebró en el Congreso de los Diputados y que ha sido remitido esta mañana a los grupos parlamentarios. En el texto, el Gobierno defiende que la declaración del estado de alarma fue "sin duda una medida eficaz", ya que llevó a que los controladores volvieran a sus puestos y estén prestando servicio "en condiciones de normalidad" bajo la dirección del Ejército del Aire. No obstante, sostiene que "aún hoy no se puede afirmar que el funcionamiento del sistema aeroportuario sea idéntico al de situaciones de normalidad" porque la complejidad de la organización del espacio aéreo, nacional y europeo, "ha sido tan radicalmente alterada" por el sabotaje de los controladores que "está exigiendo y exigirá todavía durante semanas un esfuerzo considerable".

La crisis, en el Congreso

El conflicto de los controladores ha marcado buena parte de la sesión de control al Gobierno en el Congreso, con un cruce de acusaciones entre el titular de Fomento, José Blanco, y el diputado del PP Carlos Floriano. El 'popular' ha acusado al Gobierno de "incompetencia"; el ministro ha replicado que lo que el PP entiende por "competencia" es plegarse al chantaje de los controladores.

También en la Cámara Baja, el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha asegurado que el Gobierno no tiene "ninguna responsabilidad" en el "sabotaje" llevado a cabo por los controladores aéreos durante el puente de la Constitución, que ha supuesto "un pulso intolerable" al estado de derecho. En respuesta a la interpelación urgente del Grupo Popular en el Congreso, Jauregui ha señalado que le parece "preocupante" que el PP considere que existe una responsabilidad aplicable al Gobierno que pueda obligar a los españoles a pagar los daños producidos por los controladores. "Que sean los controladores los que paguen", enfatizó.

Jáuregui resaltó que no ha sido ni un conflicto laboral ni una huelga de carácter legal o ilegal sino que los controladores realizaron "un auténtico sabotaje" en el espacio aéreo del país "impidiendo que España cumpliera sus compromisos con el espacio aéreo internacional". El ministro destacó que la actuación del Gobierno se basó "en no ceder a ese chantaje" y en proceder a la "apertura inmediata" del espacio aéreo, que se produjo en un plazo de 24 horas.