Zapatero apoya a Sarkozy ante las críticas de Bruselas

El jefe del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha estimado que los asentamientos irregulares son "una mala práctica", ha pedido no prejuzgar las expulsiones de gitanos realizadas por Francia hasta que la Comisión Europea (CE) lo investigue y ha valorado las explicaciones ofrecidas por París.

En una rueda de prensa tras concluir el Consejo Europeo, que ha abordado las polémicas expulsiones de gitanos rumanos y búlgaros, Zapatero ha tachado de "absolutamente fuera de lugar" las acusaciones hechas contra Francia por la comisaria de Justicia, Viviane Reding, y ha resaltado que el presidente galo, Nicolas Sarkozy, ha ofrecido explicaciones "relevantes" para justificar esas devoluciones.

Reding, quien anunció que estudia abrir un expediente de infracción a Francia, comparó las expulsiones francesas con las deportaciones de determinados grupos étnicos llevadas a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. Unas palabras "inconvenientes" e "inapropiadas", en opinión de Zapatero.

Tras recordar que no se trata del primer exceso verbal de la comisaria y rememorar sus críticas a la reciente presidencia española de la UE cuando promovía la orden de protección para las mujeres maltratadas, el presidente del Gobierno español ha mostrado su confianza en que "no vuelva a suceder" algo similar y la comisaria "se contenga en el futuro".

Zapatero, que ha charlado brevemente con Sarkozy al inicio de la reunión, ha evitado avalar la actuación de Francia y ha asegurado que asumirá el resultado de la investigación comunitaria, pero ha valorado el informe que ha presentado el presidente galo sobre los pasos legales y los respaldos judiciales de las expulsiones. Ha destacado, además, la coordinación que mantiene con los gobiernos de Rumanía y Bulgaria. "Dejemos que la Comisión trabaje y que Francia ponga encima de la mesa los argumentos que tiene, que los tiene", ha recalcado.

Libre circulación

Según ha señalado Zapatero, nadie puede aprobar la circular del Ministerio del Interior galo en la que se pedía de forma específica a la Policía que se desmantelaran los campamentos de gitanos, pero Sarkozy ha reconocido que fue "un error" y que se anuló "inmediatamente". "Francia es un Estado de derecho", ha recalcado el jefe del Ejecutivo español.

Para Zapatero han sido importantes las explicaciones del primer ministro de Rumanía, Boyko Borissov, quien ha señalado que el fenómeno francés es similar al registrado en Italia en el pasado y que las mismas personas pueden instalarse en otra ciudad europea el año que viene. "No des pistas", ha pedido bromeando al periodista que ha sugerido la posibilidad de que el próximo campamento de caravanas se instale en España.

Después de recordar que España también ha sufrido el problema de los asentamientos irregulares y que también ha procedido a desmantelamientos, Zapatero ha centrado el debate en si las expulsiones cuentan con amparo legal y respetan la libre circulación. Ha rechazado así las generalizaciones porque, ha dicho, no todas las personas expulsadas de los asentamientos franceses son gitanos y no se puede reprochar actitudes irregulares a toda la población gitana. Lo que no puede hacer la Comisión es juzgar previamente y perder el respeto a los Estados miembros, ha advertido, para recordar que si bien los comisarios son los guardianes de los tratados también deben someterse a ellos.

Enfrentamiento entre Sarkozy y Barroso

El de Zapatero no ha sido el único apoyo que ha recolectado Sarkozy en Bruselas frente a las críticas lanzadas por Vivian Reding. El presidente francés, que ha dejado claro que no dará marcha atrás en su política de desmantelamiento de campamentos ilegales, actuación cuya legalidad ha defendido, ha llegado a reprochar que la Unión Europea "cierre los ojos" ante las "indignas" condiciones de vida de los campamentos ilegales. "No se habla así entre socios europeos. Son declaraciones profundamente hirientes y mi deber como jefe de Estado era defender Francia", ha dicho Sarkozy.

Los 27 se han mostrado de acuerdo en que un Estado miembro tiene el derecho y el deber de aplicar su legislación en su territorio en el marco del Estado de Derecho y que, a su vez, la Comisión tiene el derecho y el deber de hacer aplicar las directivas, entre otras la de libre circulación y no discriminación, que son en las que Reding apoya su plan de expedientar a Francia.

Además, los líderes europeos se han comprometido a discutir en profundidad en otro Consejo Europeo los problemas de integración de los gitanos. "Nadie pone en duda los derechos fundamentales, la no discriminación entre los ciudadanos, no hay divergencias de punto de vista en cuanto a la sustancia", ha relatado al término de la reunión el presidente permanente del Consejo, Herman Van Rompuy.

Pero el grado de consenso sobre el fondo del problema no ha impedido que el ambiente del almuerzo en el que se ha debatido el asunto se caldeara con la intervención "bastante agresiva" de Sarkozy al dirigirse a Barroso, que ha intentado en vano evitar que el presidente francés se centrara en las palabras de Reding y no en si las deportaciones de gitanos respetaban o no la legislación europea.

Sarkozy ha negado en público haber gritado a Barroso -"si hay alguien que ha conservado la calma y que se ha abstenido de comentarios excesivos soy yo", ha afirmado- y Barroso no ha querido aclarar si ha habido tal bronca con Sarkozy, como había descrito el primer ministro búlgaro, Boyko Borissov.

El presidente del Ejecutivo comunitario ha querido dejar atrás su supuesto enfrentamiento con Sarkozy y ha reiterado que la CE seguirá cumpliendo su papel de guardián de los Tratados. "Cualquier tipo de discriminación a las minorías étnicas en Europa es inaceptable, el respeto de la dignidad humana es un valor sagrado para la UE", ha indicado. "Es verdad que en la pasión del debate hemos oído comentarios exagerados. La vicepresidenta de la Comisión lo ha reconocido ella misma. Otros deberían hacer lo mismo. La Comisión podría también quejarse de cierta retórica", ha explicado Barroso, en referencia a los comentarios del secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, cuestionando el papel del Ejecutivo comunitario.

Por su parte, el presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, ha explicado que, tras el debate sobre los gitanos celebrado en durante la cumbre, todos los líderes europeos coinciden en que "las relaciones entre las instituciones europeas y los Estados miembros deben inspirarse en el respeto".

Líderes como la canciller alemana, Angela Merkel, o el primer ministro británico, David Cameron, han considerado "desafortunadas" las palabras de la comisaria, aunque han defendido el papel de la Comisión como guardiana de los Tratados.

Disciplina presupuestaria

Al margen de las expulsiones de gitanos de Francia, el Consejo Europeo ha servido para abordar otros asuntos como la política exterior de la UE y en el trabajo del grupo de alto nivel que analiza la nueva disciplina presupuestaria. En este contexto, Zapatero ha defendido el establecimiento de sanciones "eficaces, automáticas y directas" para los países que incumplan los criterios de déficit y deuda del Pacto de Estabilidad europeo. No ha precisado qué tipo de castigos apoyará España, pero se ha mostrado convencido de que finalmente se consensuará un nuevo marco temporal y nuevos mecanismos para aplicar sanciones dentro de las posibilidades jurídicas que ofrece el Tratado de Lisboa.

Al analizar el consenso en torno a las relaciones exteriores de la UE, Zapatero ha defendido el peso de Europa en el contexto internacional como primer donante de ayuda al desarrollo y primera potencia comercial del mundo. A su juicio, las relaciones económicas y comerciales deben ocupar un papel central en esas relaciones exteriores con Asia y los países emergentes como prioridad, ya que concentrarán gran parte del crecimiento mundial.

El presidente del Gobierno español ha defendido asimismo el papel del G20 para coordinar la respuesta mundial a los desequilibrios y el programa presentado por Francia, que liderará el grupo a partir del 1 de enero, para abordar la evolución de los precios de las materias primas. Zapatero ha mostrado también su satisfacción por el respaldo del Consejo a la cumbre de la Unión por el Mediterráneo que debería celebrarse en noviembre en Barcelona, un proyecto que, ha dicho, puede ser un factor de respaldo al proceso de paz en Oriente Medio.