'Luigi' pide la nulidad del caso al considerar ilegales las escuchas

La defensa de Luis García "Luigi", presunto cerebro de la trama de corrupción del "caso Pretoria", ha pedido la nulidad de las actuaciones, al considerar ilegales las escuchas telefónicas a que fueron sometidos durante dos años los principales imputados. Según han informado fuentes judiciales, en un recurso que ha presentado hoy ante la Audiencia Nacional, la defensa de Luigi alega que la intervención de los teléfonos de Luis García, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra fue ilegal, sobre todo teniendo en cuenta que el juez disponía de métodos menos gravosos para investigar a los imputados.

En opinión de Deborah Quintero, letrada de "Luigi", en el año 2006 ya estaban acabados los informes de la Agencia Tributaria sobre las tres operaciones -Pallaresa, Niesma y Badalona- por las que supuestamente cobraron comisiones los tres imputados.

No obstante, alega el recurso, en vez de requerir los expedientes administrativos de esas operaciones urbanísticas o citar a declarar como imputados a García, Prenafeta y Alavedra para pedirles explicaciones sobre esos supuestos "pelotazos", el juez de la Audiencia Nacional declaró secreta la causa y ordenó la intervención telefónica de los tres imputados. Basando sus sospechas únicamente en el hecho de que en el pasado los tres implicados tuvieron responsabilidades políticas, añade el recurso, el magistrado ordenó las intervenciones telefónicas, lo que se acabó convirtiendo en una "investigación general sobre la conducta" de los implicados.

Para la defensa de "Luigi", en el "caso Pretoria", la Audiencia Nacional ha prescindido de las vías de investigación idóneas y, sin ni siquiera analizar los expedientes administrativos para averiguar la ilegalidad de las operaciones sospechosas, optó por una intervención "desproporcionada" contra los imputados.

El recurso de la defensa del presunto cerebro de la trama defiende también la legalidad de las comisiones que Luis García cobró por su intervención en las tres principales operaciones urbanísticas investigadas en el "casoPretoria", con las que, según la Audiencia Nacional, el imputado se habría embolsado unos diez millones de euros en total.