Una reforma en vigor pendiente del Constitucional

La reforma del Estatuto de Cataluña fue aprobada por los catalanes el 18 de junio de 2006 en un referéndum que contó con el apoyo del 73,9% de los votos, frente a un 20,7% que lo rechazaron, y una participación que no superó la barrera del 50% del electorado: se quedó en el 49,4%. Este nuevo Estatuto entró en vigor el 9 de agosto de 2006, veinte días después de su publicación en el BOE y sustituyó al Estatuto de Sau, vigente desde 1979. El nuevo texto, que amplía el nivel de autogobierno, es fruto de diecinueve meses de debate en el Parlamento catalán, que aprobó su propuesta el 30 septiembre de 2005, y más de medio año de negociaciones en las Cortes, que introdujo cambios significativos.

La reforma estatutaria se puso en marcha tras las elecciones de noviembre de 2003, que dieron lugar a la firma del 'pacto del Tinell' entre el PSC, ERC e ICV-EUiA, que incluía el compromiso de reformar el Estatuto y marginar políticamente al PP, y la formación de un gobierno presidido por el socialista Pasqual Maragall. Desde que comenzó a elaborarse a finales de 2003, el proyecto estuvo marcado por las dudas sobre su constitucionalidad, la definición de Cataluña como "nación" y la creación de un régimen fiscal específico. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a respetar el nuevo texto con dos condiciones: que se ciñera a la Constitución y que contara con un amplio consenso.

Con la finalidad de reformar el Estatuto, el 9 de febrero de 2004 se constituyó la ponencia que elaboró el primer borrador oficial del texto. Finalmente, tras diecinueve meses de discusiones parlamentarias, el 30 de septiembre de 2005 el Parlamento aprobó el proyecto del nuevo Estatuto con los votos de CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA y el rechazo del PPC, lo que supuso un respaldo de casi el 90% de la Cámara catalana.

El trámite parlamentario

Su tramitación en las Cortes se inició el 2 de noviembre, cuando el Pleno del Congreso aprobó su toma en consideración con el apoyo de todos los partidos excepto el PP, que ese mismo día presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional por tramitar el texto como reforma estatutaria y no constitucional. En marzo de 2006 el Tribunal acordó la no admisión a trámite de este recurso. El 21 de enero de 2006 el presidente del Gobierno y el líder de CiU, Artur Mas, se reunieron en secreto en La Moncloa y pactaron las grandes líneas en materia de definición de Cataluña, financiación y competencias.

Este pacto fue aceptado por ICV-EU, pero no por ERC, que desde el primer momento se posicionó en contra del texto surgido de ese acuerdo y defendió el aprobado por el Parlamento catalán. El PP comenzó una campaña de recogida de firmas para pedir la convocatoria de un referéndum sobre el estatuto catalán a nivel nacional, proposición que fue rechazada por el Congreso el 16 de mayo.

La tramitación en la Cámara Baja continuó con la constitución de una comisión encargada de elaborar un dictamen y su posterior discusión en la Comisión Constitucional. El 21 de marzo la Comisión, junto a una delegación de parlamentarios catalanes, aprobó un texto en el que se introdujeron cambios significativos sobre lo aprobado por el Parlamento autonómico en septiembre de 2005. Las principales modificaciones se produjeron en materia de financiación, competencias, poder judicial, derechos y deberes, y en la definición de Cataluña. Respecto a este último apartado, se suprimió el término "nación" del artículo 1 para reproducir en el articulado una definición de Cataluña idéntica a la del estatuto de 1979 y para recordar en el preámbulo que el Parlamento catalán definió a esa comunidad como "nación".

35 votos marcan la diferencia

La Comisión no logró cerrar acuerdos en cuatro asuntos que quedaron fuera del texto: las selecciones deportivas catalanas y su papel internacional, la circunscripción catalana a las elecciones europeas, el régimen de gestión de puertos y aeropuertos -entre ellos el aeropuerto de El Prat- y su cesión por la vía del artículo 150.2 de la Constitución. El 30 de marzo de 2006 el Pleno del Congreso aprobó la reforma del Estatuto con 189 votos a favor (PSOE, CIU, PNV, IU-ICV, CC-NC y BNG), 154 en contra (PP, ERC y EA) y dos abstenciones (CHA y Nafarroa-Bai). Mientras que el PP se opuso por considerar el texto inconstitucional, ERC votó "no" por creer que el documento era "exiguo" en comparación con la propuesta original del Parlamento catalán.

Quedaba el trámite del Senado y se pasó el 10 de mayo sin introducir cambio alguno en el texto. Ese día las Cortes Generales dieron luz verde definitiva al nuevo Estatuto de Autonomía, que consta de 223 artículos.

ERC decidió recomendar el "voto nulo" en el referéndum del Estatuto, que consideraba insuficiente y "recortado", si bien días después, tras escuchar la posición de sus asambleas territoriales, optó finalmente por pedir el "no" como única opción. Esta decisión desencadenó la salida de los republicanos del Gobierno tripartito y el anuncio del presidente Maragall de convocar elecciones autonómicas anticipadas antes de final de año. Finalmente, el nuevo Estatuto fue aprobado en referéndum el 18 de junio de 2006, con el aval del 73,90% de los ciudadanos. El último día del mes, el PP presentó el recurso de inconstitucionalidad que lleva tres años y ocho meses deliberándose. Hay otros seis recursos más.