El Gobierno reduce un 87% la oferta de empleo público y al 10% la tasa de reposición

El Gobierno ha aprobado la Oferta de Empleo Público para 2010, que supone un recorte del 87% frente al pasado año. En 2010 destina 1.989 plazas para la Administración General del Estado, principalmente en el Ejército y los Cuerpos de Seguridad del Estado, y 2.030 para la Administración de Justicia, frente a las más de 15.000 ofertas de 2010, lo que supone un ahorro de 280 millones de euros.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha explicado que la oferta aprobada se adapta y se adecúa a la actual coyuntura económica. Así, se cumple con el Plan de Austeridad del Gobierno y con la contención del gasto, al fijar la tasa de reposición (cobertura de vacantes) en el 10%. Esto significa que por cada funcionario que se jubile sólo se contratará a uno. De la Vega defiende que se "salvaguarda" el "objetivo primordial" de dar la mejor atención al ciudadano,.

De las 1.989 plazas de la Administración General del Estado, frente a las 15.084 del año pasado, 222 son para la Policía Nacional, 232 para la Guardia Civil y 754 para las Fuerzas Armadas. El resto están desglosadas en: 548 para funcionarios, 116 para personal laboral, 107 para las entidades públicas empresariales y empresas públicas y 10 para docentes.

Prioridad a los juzgados

Respecto a la Administración de Justicia, de las 2.030 plazas que se ofertan 704 son en la Administración Central y 1.326 para las comunidades que tienen transferida esa competencia. Se distribuyen entre Instituciones Penitenciarias (el 50% del total), Fraude Fiscal (12,04%), Investigación (9,12%), Orden Social (8,2%), Cuerpos Informáticos (8,2%), Seguridad Aérea y Meteorológica (6,38%).

Otras de las características de la oferta que ha destacado De la Vega es que conllevan la "contención" de la contratación temporal y el fomento de la movilidad. Además, por primera vez, se incluye un turno diferenciado para discapacitados intelectuales con objeto de dar a este colectivo una oportunidad "real" en el acceso al empleo público. Por todo ello, para De la Vega la oferta pública de empleo es un instrumento de planificación efectiva, que además cumple los acuerdos con los sindicatos en materia de función pública.

Primeras reacciones

Los sindicatos de la Función Pública han manifetado su malestar ante el recorte. El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha advertido de que "no se puede estirar" hasta "extremos insoportables" porque se corre el riesgo de hacer a los servicios públicos "absolutamente ineficaces". Su sindicato exigirá el cumplimiento de lo pactado en el acuerdo para la Función Pública que suscribieron con el Gobierno junto a UGT y CSI-CSIF el pasado mes de noviembre, y en el que se establecía una tasa de reposición de vacantes de aproximadamente el 15% para este año.

La Confederación Española de la Policía ha censurado que el "tijeretazo" del Gobierno al empleo público reduce las plazas de nuevo ingreso al Cuerpo Nacional de Policía a "la exigua cifra de 222" frente a las 2.000 que este sindicato considera necesarias para garantizar la reposición de agentes. A su juicio, la decisión del Ejecutivo es una "irresponsabilidad" que demuestra que el interés del Gobierno por el "autobombo estadístico".

La secretaria general de la Administración General del Estado de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT), Yolanda Palomo, ha mostrado su "rechazo absoluto" al recorte de la tasa de reposición por las consecuencias negativas que originará. Palomo advierte de que "incumple el acuerdo que se firmó el 25 de septiembre de 2009" y "la Ley de Presupuestos Generales para 2010".

Por su parte, la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-CSIF) también ha manifestado su malestar a través de su secretario nacional de Formación, Miguel Borra. Borra subraya "que los acuerdos están para cumplirlos" y anticipa que, con el recorte del empleo público, "una serie de colectivos dentro de la Administración General del Estado van a ver mermados el número de efectivos y, por lo tanto, la calidad de los servicios que prestan". El secretario nacional de Formación de CSI-CSIF explica que "la proliferación de organismos públicos escapa al control de sus empleados" y, sin embargo, da la sensación de que los trabajadores "tienen que ser los culpables".