Una ayuda gestionada directamente por la Presidencia de la Junta

El atestado policial de las ayudas das por la Junta de Andalucía a un entramado empresarial de la Sierra Norte de Sevilla, el eje Rosendo-Sayago, que ayer fue entregado a las partes por la juez Mercedes Alaya que instruye el caso ERE pone de manifiesto que las subvenciones se daban por intereses y afinidades políticas y personales. Pero, además de poner contra las cuerdas a una veintena de personas encabezadas por los exconsejeros de Empleo, José Antonio Viera, de Innovación, Francisco Vallejo, o el diputado socialista José Caballos, apunta a la presidencia de la Junta de Andalucía, entonces en manos de Manuel Chaves.

Así, la UCO recoge un correo electrónico de junio de 2008 entre uno de los representantes de Barbadillo (Manuel Valdecantos) y el exdirector general de Trabajo, Juan Márquez, en el que el primero reconoce que «el pago de una ayuda de más de un millón de euros se debió a gestiones realizadas con la Presidencia de la Junta de Andalucía». Y, en este sentido, el atestado policial también se hace eco de la declaración de una de las secretarias de Empleo, María José Rofa, que aseguró que no sabía quien dio esa orden de pago pero que esa orden «solo pudo provenir de alguien con mucha capacidad para poder saltarse a dos consejeros».

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