La Junta destinará 11,5 millones a familias en riesgo de exclusión social en la provincia

El decreto contra la exclusión social que el Consejo de Gobierno aprobó la semana pasada destinará 11,5 millones de euros a la provincia gaditana. Con esta inversión se pretende sacar adelante tres planes destinados a familias que se encuentran en situación de emergencia. La mayor cuantía (7,5 millones) se empleará en programas de ayuda a la contratación gestionados directamente por los ayuntamientos con la intención de facilitar un contrato a parados de larga duración que se encuentren en apuros. El plan lo ha presentado el delegado del Gobierno en Cádiz, Fernando López Gil, acompañado por el responsable provincial de Salud y Bienestar Social de la Junta, Ángel Acuña. Entre las labores que realizarán los beneficiarios se encuentran trabajos sociales "siempre y cuando eso no suponga sustituir a empleados municipales", ha recalcado.

Otro de los pilares de este decreto es el refuerzo de servicios de la ley de Dependencia como el de teleasistencia, que ha sufrido recortes por parte del Gobierno central. A ello se destinarán 1,8 millones de euros para ampliar el servicio a dependientes moderados que no entrarán en el sistema hasta 2015 y necesitan ayuda para realizar algunas tareas diarias.

La atención a la alimentación de menores y jubilados también se ha contemplado en el decreto contra la exclusión que financiará complementos de merienda y desayuno a niños que tienen reconocido el servicio de comedor escolar, así como la inclusión de un mayor número de menores y la extensión de esta ayuda a periodos vacacionales a través de las entidades locales de solidaridad alimentaria. Asimismo, los mayores de 65 años con excasos recursos tendrán una atención a su alimentación con el reparto de menús a domicilio. Para ello se contará con entidades sin ánimo de lucro que ya se encargan de reparto de alimentos, para lo que se apoyan en informes y evaluaciones de los servicios comunitarios de los propios ayuntamientos. Este plan de atención a la alimentación de los colectivos más vulnerables contará con más de dos millones de presupuesto.

Y la última pata del decreto será la ampliación de los salarios sociales, para lo que aún no se ha destinado el presupuesto , pero para el que se encuenta con más de 44 millones de euros que se repartirán entre todas las provincias.