Los padres aseguran que hay «sobrados motivos» para rescindir el contrato con Brassica

Los padres de los más de 5.000 escolares de Cádiz que desde ayer no tienen servicio de comedor por la huelga de transportistas de Brassica, concesionaria del servicio de 55 centros de la provincia, creen que la Junta de Andalucía tiene desde hace tiempo "sobrados motivos" para rescindir el contrato con la empresa.

"Independientemente del comportamiento de la empresa, nos parece alucinante que la Junta de Andalucía haya estado viendo venir esto desde hace meses y haya dejado que la sangre llegue al río", ha dicho Iván del Río, presidente del AMPA del Colegio Valdelagrana, de El Puerto de Santa María.

Unos cien escolares de este centro utilizan el servicio de comedor y desde ayer, como otros 5.000 estudiantes de toda la provincia, sufren la huelga indefinida de los transportistas de Brassica, en protesta por el impago de las tres últimas nóminas.

Por esta huelga, la comida no llega a los centros, por lo que los padres se las ingenian ahora para buscar soluciones al problema recurriendo a familiares, pidiendo días libres en el trabajo o incluso dándoles a sus hijos una fiambrera para que coman en el comedor, en el que de momento si permanecen los monitores que pueden cuidar de los menores hasta las 16.00.

El problema será más grave a partir del viernes porque estos monitores, que también llevan meses sin cobrar, iniciarán la primera de las doce jornadas de paro que ayer convocaron, después de que sus representantes sindicales no lograran ninguna esperanza de cobro por parte de la empresa.

Las AMPAS de los colegios están "desbordadas" porque "esto es un problema que nos viene grande" y de momento lo único que pueden hacer es intentar organizar una manifestación para dar visibilidad a su problema.

"Está claro que el que deja a su hijo en un comedor no lo hace por gusto, lo hace porque no tiene mas remedio", dice el presidente del AMPA.

Ivan del Río asegura que entre los padres el sentimiento es de "indignación" y creen que la única "solución posible" es que la Junta de Andalucía rescinda el contrato con Brassica porque "cualquier propósito de enmienda de esta empresa es papel mojado".

La empresa de catering, cuyo consejero delegado es Manuel García Gallardo (imputado en un proceso judicial abierto por malversación de caudales públicos en la Zona Franca de Cádiz a través de la empresa Quality Food, que él presidía), surte a 122 colegios andaluces y a comedores de hospitales y centros militares.

Desde hace un año, según Iván del Río, las quejas por la mala calidad, la escasez o los problemas con los menús escolares que provee a los centros escolares se han sucedido.

"Un día el panadero que proveía, como no cobraba, les dejaba tirados y no traían pan; otro venían unos trozos de carne no aptos para que los comieran los niños, había incidencias todos los días sobre la escasez o la calidad", explica el presidente del AMPA, que asegura que la empresa no contestaba a sus llamadas ni a sus correos.

"Parece que están jugando a marear la perdiz y mientras los padres seguimos pagando las cuotas", dice mientras reclama que la Junta de Andalucía tome cartas ya en el problema.

La Junta de Andalucía, que ha asegurado que la Consejería de Educación "no mantiene deuda alguna" con la empresa y que "todas las facturas están al corriente de pago", ha instado a la empresa a regularizar los pagos de las nóminas pendientes y ha advertido de que "a través de los correspondientes servicios jurídicos se están tomando todas las medidas legales que nos asisten para intentar restituir el servicio en los comedores".

El secretario general del PP de Cádiz , Antonio Saldaña, ha anunciado hoy que su partido pedirá "explicaciones" y "soluciones" a la Junta de Andalucía sobre este conflicto en el parlamento andaluz.

"Lo que se está produciendo no es nuevo", ha incidido tras recordar que los padres "llevan mucho tiempo quejándose del servicio de comedor que están pagando".

Saldaña ha añadido que la empresa y la Junta están utilizando "a los padres y a los niños" como "rehenes". "Son los que menos culpa tienen y los que están sufriendo las consecuencias".

La diputada popular Ana Mestre ha culpado a la Junta de Andalucía de "escurrir el bulto" en este asunto.