Morgan Stanley

Una entidad norteamericana destaca los progresos registrados por la economía española. Nos sitúa detrás de Suiza como el país con mejores opciones para 2013 para la inversión, de entre los 16 países europeos examinados. Morgan Stanley fundamenta la puntuación por el alto nivel técnico de ingresos y rentabilidad. Pero la situación española, a juicio de los analistas del banco de inversión, no solo depende de las políticas económicas internas, sino que ha tenido mucho que ver la activación de programas de compra de bonos soberanos por el Banco Central Europeo, lo que ha tenido una doble trascendencia económica: la subida de la bolsa y la bajada de la prima de riesgo.

La llamada ‘herencia recibida’ se ha convertido en el fundamento de la política de cambios económicos llevada a cabo por el Gobierno. Pero la herencia deber ser considerada como un conjunto de estructuras y dinámicas, políticas y económicas, que condicionan nuestro ciclo vital. Procede entonces preguntarnos ¿las políticas acometidas por el Gobierno han incidido en los aspectos fundamentales que sostenían la estructura económica-política heredada? La respuesta es algo confusa. Ahora el análisis deber ser practicado en su doble dimensión, política y económica. Es difícil que la economía funcione si la situación política no es adecuada. Nos podríamos hacer una serie de preguntas de corte político, pero con efectos en lo económico sin lugar a dudas. ¿Es España un país gobernable? ¿La territorialidad española es racional, desde la óptica del bienestar del ciudadano? ¿Prevalece en España el cumplimiento de la Ley? ¿Son la seguridad jurídica y económica, principios realmente respetados por la clase política? ¿El sistema fiscal español posibilita el crecimiento dentro de la imperiosa necesidad de cumplimiento de la llamada consolidación fiscal? Las respuestas a tantas preguntas delatan una cosa a modo de síntesis: ni el Sistema, ni las Estructuras, ni las Instituciones son las deseables para que España progrese. Las manidas «reformas estructurales» son absolutamente necesarias e imperiosas. En economía el tiempo es oro. El tiempo vale dinero. Pondré un ejemplo, fruto de la percepción generalizada de los ciudadanos españoles, según todas las encuestas disponibles. Los ciudadanos exigen la inmediata reforma del sector público. Se exige racionalizar el gasto autonómico, lo que conlleva inexorablemente al redimensionamiento de la estructura autonómica, que debe quedar sujeta a las auténticas necesidades de gestión de las competencias que la Constitución y las leyes le otorgan y nada más. Pero, las encuestas exigen también la adecuación del sector público estatal a la realidad presupuestaria española. El porcentaje del gasto corriente sobre el total del presupuesto, la nómina de desempleo y el pago del servicio de la deuda, imposibilita la inversión productiva del Estado. Sí el análisis es sobre el PIB, el gasto de personal del sector público sobrepasa el 12%, lo que no sólo es insostenible, sino que crea ineficiencias e ineficacias de gestión en el sector público. Y qué decir de la Administración local. La ‘recomendación’ de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para posibilitar el ajuste y reconducir su sobredimensionamiento debiera ser de obligado cumplimiento. Es decir, debiera estar taxativamente prohibido que la estructura ‘consolidada’ de gastos corrientes exceda del 60% de la cifra de ingresos.

Ojalá que Morgan Stanley haya apreciado la realidad y su proyección sea la correcta. Si el Gobierno acertara en sus políticas, Morgan Stanley no sería la única entidad financiera en el vaticinio optimista.