Los vecinos de Puerto Serrano logran paralizar el cuarto desahucio en menos de un año

Los más de cien vecinos congregados a las puertas del Juzgado de Instrucción Número Uno de Arcos de la Frontera, “han logrado paralizar la ejecución del cuarto desahucio en menos de un año” que ha estado a punto de ejecutarse en Puerto Serrano, según informó Francisco Javier Gómez, alcalde en funciones, tras la reunión con funcionarios judiciales responsables del caso.

Los vecinos, convocados por el Ayuntamiento, Sindicato Andaluz de Trabajadores e Izquierda Unida, acudieron a los juzgados de Arcos para arropar a la familia polichera de siete miembros cuya vivienda se subastaba en el interior de las instalaciones. Finalmente, la subasta ha quedado desierta, “en una demostración más de que la solidaridad entre trabajadores, ejercida de manera contundente y pacífica, puede acabar con cualquier imposición burocrática”, explicó Gómez.

La familia de Francisco Ramírez Marchán, que hubieran tenido que abandonar la vivienda de inmediato en caso de adjudicación en la subasta, celebró la noticia (“con toda la precaución del mundo”) y agradeció a los vecinos “el calor con que nos han arropado en una situación tan delicada como la que hemos vivido”. Marchán era propietario de una empresa de construcción, “una de tantas que se han hundido con la crisis”, lo que le ha impedido hacer frente al pago de su hipoteca durante el último año. El afectado insiste que su intención no ha sido “en ningún momento” dejar de pagar sus deudas, “sino negociar con el banco una vía de pagos que nos permita a mi familia, de siete personas, no tener que abandonar una casa por la que tanto hemos luchado”.

El alcalde en funciones de Puerto Serrano, Francisco Javier Gómez, anunció ayer, a las puertas de los Juzgados de Arcos de la Frontera, que el Ayuntamiento “se personará en todas las causas de desahucio que se abran a familias del pueblo que realmente no puedan pagar su hipoteca”. Gómez insistió así en el compromiso, ya repetido en otras ocasiones, de que “son las administraciones las que deben amparar a los desfavorecidos en momentos difíciles, y no ahogar aún más su situación. Si no estamos junto a los ciudadanos cuando peor lo están pasando, el propio sentido de la representación y de la democracia se pervierte hasta hacer este sistema en más inhumano de lo que es”.

Gómez apuntó que “el caso de la familia de Rodríguez Marchán” no “es el primero” “del que tenemos constancia en Puerto Serrano y tampoco, por desgracia, será el último, ya que hemos logrado paralizar, gracias a la presión vecinal, cuatro en menos de un año, pero tenemos conocimiento de que puede haber entre 25 y 30 procesos en marcha”.

“Entendemos que nuestra obligación consiste en apoyar a los ciudadanos más desfavorecidos, y por eso actuaremos de intermediarios con los bancos siempre y cuando las familias nos lo pidan y, si hace falta, acudiremos a los tribunales con ellos, personándonos en la causa”. Gómez recalcó que en una localidad como la nuestra “es muy fácil detectar cuando una familia está pasando apuros realmente, y con ellos nos vamos a volcar sin medir el esfuerzo”.

A la concentración, a la que acudieron vecinos llegados en vehículos particulares y en un autobús dispuesto por Izquierda Unida Puerto Serrano y el SAT, se sumaron vecinos de Arcos y miembros del SAT llegados desde otras poblaciones de la Sierra como Bornos o Espera.