El perito confirma la falta de seguridad de la obra en la que murió un albañil

La segunda sesión del juicio por la muerte de Manuel García Rendón, un trabajador de la construcción que falleció en 2002 mientras acometía obras en una bodega, se desarrolló ayer sin grandes sorpresas, ya que las partes se ratificaron en sus versiones e informes iniciales. Los primeros en comparecer fueron los dueños de la empresa y hermanos de uno de los imputados, el consejero delegado José P. M, cuyas declaraciones transcurrieron en la misma línea en un afán por exculpar a éste, aludiendo a su desvinculación en la práctica con la bodega y defendiendo la legalidad con la que, según ellos, se llevó a cabo la contratación del profesional.

Así, la hermana del delegado explicó que su relación con el fallecido se remontaba a unos años atrás, a raíz de una serie de trabajos esporádicos que él realizó a miembros de la familia a título personal, por lo que cuando llegó el momento de ejecutar arreglos en la bodega requirieron sus servicios. «Cuando aceptó –explicó la testigo–, no quiso dar de alta a ningún peón porque, como él mismo dijo, no quería jaleo de papeles, así que se trajo a uno de su confianza».

Entonces, el otro imputado y apoderado de la firma, Francisco L. R, «le hizo un contrato, como le hace siempre a todos y firmó las dos copias», aseguró la propietaria, garantizando que ella misma fue partícipe de la gestión. Con esta declaración quiso dejar patente que la bodega le había dado de alta como autónomo, ratificando la autenticidad del contrato, si bien recordó que era responsabilidad del trabajador estar al día en los pagos con la Seguridad Social y tomar las medidas preventivas pertinentes en la obra.

La versión de su hermano resultó prácticamente idéntica, confirmando puntos como que el obrero era el encargado de llevar su propio material y él debía velar por su seguridad, ya que la empresa tiene su particular plan de riesgos para sus trabajadores (y éste se supone que no lo era). Otro de los apoderados de la bodega también compareció para ratificar que el contrato de marras efectivamente fue elaborado por la empresa y firmado por el interesado antes de que comenzaran los trabajos.

Uno de los testimonios de mayor relevancia fue el de un perito especializado en seguridad de la mutua, que reconoció que la obra tenía un déficit «evidente» de medidas de seguridad. En concreto, subrayó que el andamio utilizado «era de los más baratos e inseguros» y que el finado carecía de elementos indispensables como cinturón, casco y barras de protección.

«Graves» infracciones

Por todo ello, el experto calificó de «graves» las infracciones cometidas, aunque puntualizó a preguntas de los abogados que la bodega sí tenía cumplimentado su deber en este aspecto con los trabajadores que tenía en nómina. La ronda de testigos se completó con un arquitecto llamado por la defensa, que había realizado un informe sobre el supuesto contrato de ejecución de obras, cuya autenticidad también confirmó.

En las conclusiones finales de los letrados de la defensa, el fiscal y la acusación particular no se produjeron cambios sustanciales, ya que se adhirieron a sus peticiones iniciales. Como se recordará, tanto la Fiscalía como la acusación particular han solicitado la imputación de tres presuntos delitos: de homicidio por imprudencia; contra los derechos del trabajador y falsedad documental, éste último sólo en lo que se refiere a la persona del apoderado.

El fiscal, a pesar de los testimonios anteriormente expuestos, consideró probada la falsificación del contrato con el objetivo de «eludir responsabilidades», al tiempo que concluyó con que el trabajador ejercía una labor permanente para la empresa y, por tanto, debería haber estado dado de alta. Las defensas, por su parte, insistieron en la falta de credibilidad del informe policial que confirmaba la falsedad de la firma y argumentaron que la única explicación de que existieran irregularidades con la Seguridad Social era la propia «desidia» del obrero.