BARULLO INNECESARIO

Sabido es que quien pierde un pleito echa la culpa al juez y que el condenado se declara siempre inocente y víctima de una injusticia. Así ha sido siempre y todos lo encontramos natural. Más preocupante es que desde hace unos años a esta parte los ciudadanos coloquen en las encuestas a la Administración de Justicia (no a los jueces) en el último escalón de los servicios públicos valorados. Aunque a esto ya nos habíamos acostumbrado también, como habremos de irnos acostumbrando de ahora en adelante a que jueces y fiscales famosos clamen contra las injusticias que personalmente les afectan y en público llamen fascistas a sus autores, compañeros de toda la vida. Como igualmente habremos de ver sin pestañear cómo todos los editorialistas o todos los columnistas de una región se ponen de acuerdo para firmar el mismo día algún artículo de advertencia y amenaza contra un tribunal que está enjuiciando un caso concreto. Pero lo verdaderamente insólito, lo que ha sorprendido a los ciudadanos, han sido tres hechos inesperados, algunos recientes y todos muy bien atendidos por los medios: la huelga de los jueces del año pasado, la impotencia del Tribunal Constitucional para resolver el recurso contra el Estatuto de Cataluña y el 'caso Garzón'. Veamos muy sumariamente de qué se trata.

Probablemente muchos se hayan olvidado ya de las huelgas de jueces de hace unos meses; pero todos nos dimos cuenta entonces de que algo grave tenía que estar pasando con la Justicia cuando unos funcionarios tan solemnes y responsables se vieron forzados a salir a la calle para denunciar lo que estaba sucediendo y pronosticar que el sistema podía colapsarse en cualquier momento. Poco caso se les hizo, no obstante, y en marcha sigue el contador de esa bomba de relojería que va agotando su tiempo.

Lo del Tribunal Constitucional llevaba ya anunciándose desde hace varios años, pues los mejores analistas estaban de acuerdo en pronosticar que un órgano tan escandalosamente politizado no podría resistir pruebas de gran calado político y que un tribunal llamado constitucional había de estrellarse indefectiblemente cuando se olvidaba de los criterios constitucionales y jurídicos que debían inspirarle.

Y esto es lo que al final ha ocurrido. Un tribunal no puede funcionar indebidamente cuando no está formado por jueces sino por delegados de partidos políticos dispuestos a imponer a todo trance los criterios de sus mandantes. En estos casos el interés político permite, y aun impone, toda clase de trampas, pero se ha tensado tanto la cuerda que se ha roto y algunos magistrados han recuperado su condición de juristas. Ahora bien, el partido resulta imposible cuando unos jugadores utilizan las piernas como en el fútbol y otros las manos como en baloncesto.

¿Y qué decir del 'caso Garzón'? La suspensión de un juez no puede sorprender a nadie puesto que en la actualidad ya hay varios condenados y expulsados de la carrera sin que los medios les hayan prestado demasiada atención. Garzón se ha convertido, por efecto inesperado de unos tropiezos legales, en bandera de una causa en la que conocidamente nunca había militado. Lo verdaderamente notable es que para esta función se hayan fijado precisamente en el juez profesionalmente menos prestigiado, ya que poco prestigio le dan sus habilidades circenses, sus triunfos financieros y sus éxitos con los indígenas sudamericanos y colegas internacionales de sus mismas aficiones.

¿Cuánto tiempo va a durar la popularidad de Garzón? Presumiblemente no mucho, dado que es difícil que los tribunales que le juzgan vayan a ceder ante unas presiones tan descaradas y los que hoy le ensalzan le dejarán caer cuando yo no les sea útil. Menos mal que el juez tiene asegurada la vida con sus famosas y bien retribuidas conferencias y algún organismo internacional le recogerá piadosamente en algún sanatorio judicial. Mas en este barullo de acontecimientos, ¿quién se acuerda de los males de la Administración de Justicia, que es lo que de veras importa?